Más de 60.000 extranjeros que viven en estado de vulnerabilidad legalizaron su estatus migratorio en el país, tras el régimen de excepción que aplicó la Dirección de Migración y Extranjería desde mayo del 2012.
Freddy Montero, director interino de la institución, dijo que, a pesar de la reducción en los costos económicos del proceso, no se alcanzó la meta de formalizar la residencia de 100.000 extranjeros.
El valor de los trámites osciló entre $99,5 y $183,50 por persona.
“Hay que tomar en consideración que trabajamos con una población muy vulnerable, a veces con mucho desconocimiento de cuáles son los requisitos y los documentos”, expresó.
Aunado a esto, Montero considera que el tema migratorio genera cierto “resquemor” en los habitantes que provienen de otros países.
La entidad categorizó a las personas en cuatro transitorios. El primero, enfocado a aquellos que ya tienen residencia, contabilizó a 40.735 extranjeros, pese a que se esperaban 65.000.
Una situación similar se presentó en el cuarto transitorio, que se dirige a los sectores agrícola, doméstico y construcción –este último abierto hasta el viernes 19 de abril–, pues “no llenó las espectativas”, al registrar a solo 2.696 personas.
El segundo transitorio inscribió a 13.350 foráneos y se aplicó a padres y madres de costarricenses menores de edad o residentes.
Por último, el tercer transitorio reglamentó a 3.807 ciudadanos extranjeros en la categoría de persona adulta mayor, menor de edad, mayor de edad con discapacidad y mayor de edad que ingresó al país siendo menor de edad, y que tenga ahora 25 años o más.