Hugo Navas, exsecretario general del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) dice haber recibido bonos de la deuda política de manos de la diputada Rita Chaves, entonces tesorera de la agrupación, para venderlos a terceros y así allegar fondos a las arcas de campaña. También dice desconocer las razones por las cuales la colocación de los bonos se le reportaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como pagos a proveedores en lugar de medios para captar efectivo.
La diputada Chaves niega haber entregado bonos al secretario general. El partido, afirma, no recibió dinero de Navas por la colocación de los bonos, aunque habría querido tener efectivo. Los bonos, dice la tesorera, solamente fueron entregados a los proveedores de bienes y servicios utilizados en campaña.
Según el PASE, Krisia Montoya, regidora en Coronado, recibió bonos por ¢7,5 millones en pago por la utilización de un vehículo. Montoya niega haber obtenido los bonos, que, en todo caso, fueron canjeados por otras trece personas. La regidora también niega que el auto haya sido empleado en campaña.
Rolando Salazar, regidor en Heredia, obtuvo ¢3,1 millones por el alquiler de un vehículo, pero solo canjeó ¢800.000. Para complicar más el panorama, ese dinero llegó a sus manos mediante la venta de bonos asignados a otras personas. Es decir, no canjeó un céntimo de los ¢3,1 millones en bonos emitidos para pagar el alquiler. Otras siete personas se encargaron de transformar esos bonos en efectivo.
El regidor alajuelense Marvin Castro Paniagua está en una situación similar. Niega haber recibido bonos por concepto de alquiler de vehículos. Los certificados por ¢7,7 millones reportados a su nombre fueron canjeados por el diputado Marvin Monestel. El legislador dice habérselos comprado al Partido, salvo la parte recibida por el alquiler de un vehículo. No se los compró a Castro, quien tampoco los canjeó, pero sí aparece como receptor de los bonos en el informe rendido ante el TSE, aunque insiste en no haber alquilado el vehículo.
Según la diputada y extesorera Rita Chaves, muchos bonos aparecen en manos de terceros porque seguramente los compraron a proveedores o contratistas necesitados de efectivo. Eso explicaría por qué 30 personas no inscritas como proveedores canjearon bonos por ¢312 millones. También explica por qué algunos proveedores cambiaron certificados por un monto superior a los servicios prestados. No explica por qué tantas personas reportadas como receptores de bonos niegan haberlos recibido o haber provisto los servicios correspondientes. No explica, además, cómo los certificados asignados a ellos llegaron a manos de terceros.
De tan confuso, el panorama es claro. Las contradicciones no permiten dudar del manejo anómalo de los recursos públicos puestos a disposición del partido para su actividad electoral. La extensión de las anomalías la determinará el TSE, cuyos funcionarios investigan el gasto de ¢312 millones reclamado por el PASE por alquiler de autos durante la campaña. A juzgar por las contradicciones, los resultados de la indagación podrían arrojar luz sobre otros aspectos del manejo financiero.
Más allá del caso concreto, lo sucedido en el PASE vuelve a llamar la atención sobre las falencias del financiamiento político mediante la emisión de bonos. Pocos partidos se han eximido de responder por esa causa, y el TSE insiste sobre la necesidad de reformar la ley y los mecanismos de financiamiento. Lleva razón, y la sucesión de escándalos lo demuestra. El cuerpo político nacional no soportará para siempre la deslegitimación causada por estos incidentes, con mucha frecuencia ventilados apenas llegan al poder los nuevos gobernantes.