La Sala IV analiza si los legisladores se extralimitaron en las potestades que le otorgaron al nuevo Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que administrará las tierras con vocación agrícola del Estado.
Entre otras cosas, los magistrados determinarán si es inconstitucional que dicho ente –próximo sustituto del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)– tenga autoridad para desafectar tierras del Estado y entregarlas a particulares.
Por desafectación se entiende dar una función distinta de la original a una tierra del Estado. Por ejemplo, un derecho de vía se desafectaría para permitir la construcción de un acueducto privado.
Los jueces también resolverán si existen portillos legales para que el Inder ceda, a terceros, bosques, reservas forestales u otros bienes administrados hoy por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Estas dudas están incorporadas en una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, sobre el proyecto de ley Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
La consulta fue firmada por los 11 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y por José María Villalta, del Frente Amplio.
Argumentos. Jorge Gamboa, diputado del PAC, explicó que la principal preocupación de los legisladores se centra en el artículo 85 del proyecto de ley, aprobado en primer debate este 5 de diciembre.
Ese artículo norma la adjudicación de propiedades públicas, titulación e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Gamboa teme que ese artículo le abra una puerta al Inder para manejar y ceder recursos forestales, que solo le competen al Minaet.
Empero, Rolando González, actual presidente ejecutivo del IDA, alega que esa es una de las principales inconsistencias de la consulta de constitucionalidad.
Alega que los diputados están confundiendo dos términos: las tierras de reserva del IDA y las reservas naturales del Estado.
Estas últimas, donde se incluyen bosques, humedales y mantos acuíferos son inalienables y ninguna legislación puede desafectarlas, insistió González.
El artículo 85 también pretende sanear aquellos procesos de titulación de tierras que están incompletos por falta de requisitos, o porque, en el pasado, los trámites estuvieron viciados.
Rolando González reconoció que ni siquiera la entidad tiene un registro confiable de cuántas propiedades están en esa condición.
“Aquí de lo que se habla es de muchos campesinos que cumplieron los requisitos para obtener una parcela (en el pasado) y que ahora, con las nuevas interpretaciones de la Contraloría, temen perder sus tierras”, explicó González.
Sin embargo, Gamboa alega que la redacción de la norma es confusa y existe el riesgo de que se titulen tierras a favor de personas que no las merecen.
Además, expresa su temor de que las acciones irregulares de los anteriores presidentes ejecutivos del IDA queden en la impunidad.
Para dichos alegatos, González también tiene respuestas.
El jerarca asegura que la ley cierra cualquier portillo a la impunidad y también establece excepciones para evitar que se entreguen tierras a quienes no lo merecen.
Aunque el proyecto ya pasó el primer debate, ahora su plazo de aprobación en segundo debate depende de la resolución de Sala Constitucional.
Eso sí, la iniciativa sigue convocada en las sesiones extraordinarias del Congreso, que concluyen el 30 de abril próximo.