La Sala IV acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad que la empresa Mabeca (fabricante de las marcas de electrodomésticos Mabe y Atlas) interpuso contra las multas que establece el artículo 28 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
La acción la interpuso, en setiembre pasado, Diego Artiñano, presidente de la firma, y la Sala Constitucional la recibió para análisis el 12 de este mes.
Un día después, el alto tribunal notificó a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) para que presente sus pruebas, en un plazo de 15 días hábiles. No hay periodo para que resuelva la Sala.
Multa. Mabeca entabló la acción luego de que en agosto del 2011 la Comisión la multó con $2,3 millones por “concentración prohibida” en el mercado de las cocinas y refrigeradoras pequeñas y medianas.
La sanción la impuso por la compra que Mabeca hizo de Atlas Eléctrica, en el 2008.
En uno de sus párrafos, el artículo 28 argumenta que las infracciones se establecen cuando revisten “gravedad particular” para el consumidor.
Las multas equivalen al 10% de las ventas anuales de la compañía objetada en el periodo fiscal anterior o, en todo caso, al 10% del valor de sus activos.
Para la Coprocom, la adquisición deja sin opciones a los consumidores con cocinas de 20 y 30 pulgadas de gas y en las de 20 pulgadas que funcionan con electricidad.
Agregó que también hay dificultades con las refrigeradoras de una puerta, con capacidad menor a los 11 pies cúbicos, o de dos puertas horizontales menores de 14 pulgadas.
En la acción, Mabeca arguye que la norma impone multas muy altas para las empresas sancionadas, al tiempo que obligan a las firmas a implementar ajustes en su operación, ya sea mediante la reducción de la planilla, contracción de posibles nuevas inversiones o, incluso, el cese de labores.
Posiciones. Consultado ayer sobre el asunto, Artiñano dijo que espera que la Sala le dé la razón a la empresa pues Mabeca sostiene que la multa es “desproporcionada”.
“La sanción no tiene proporción en relación con los beneficios del público en general y el perjuicio a la organización, que da empleo a 1.050 personas en Costa Rica”, argumentó el ejecutivo.
Informó de que Mabeca no ha cancelado la sanción de $2,3 millones. “Consideramos que esa publicitada multa no será realidad”, declaró Artiñano.
Victoria Velásquez, directora de la Coprocom, confirmó la notificación por parte de la Sala IV, y, a título personal, expresó que confía en que el alto tribunal rechace la acción planteada por Mabeca.
“No mantener las sanciones permitirá que las empresas infrinjan la ley, paguen una pequeña multa y sigan operando”, consideró la funcionaria.