Los subsidios a los precios de la electricidad

No debemos permitir que intereses codiciosos distorsionen nuestras leyes

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Se ha pretendido vender la idea por parte de algunos grupos económicos y políticos, que es necesaria una apertura aún mayor al mercado eléctrico, debido a los precios nacionales. Ya se ha demostrado que es debido a subsidios por lo que en otras latitudes la electricidad es más barata que en nuestro país. En Europa, por ejemplo, el precio promedio industrial ronda los $0,12/kWh, y aquí ronda los $0,13/kWh.

La matriz energética europea se genera con 30% a base de centrales nucleares y más de un 50% de base de combustibles fósiles, detallados estos así: 20% carbón, 18% gas natural y 12% petróleo. La UE formada inicialmente como la Comunidad Europea del Carbón y Acero, cuenta aún con importantes fuentes de carbón y, además, ofrece incentivos a su producción eléctrica, tal como lo revela el reporte de energía renovable (mayo 2011) del Consejo Europeo de Reguladores de Energía (CEER). Ahí se indica que los incentivos a la producción eléctrica varía de los 1.1€/MWh para Francia a más de 20€/MWh para España. Italia, Dinamarca, Alemania y Portugal tienen subsidios entre los 8 y 12€/MWh, y solo en el 2009 de dieron € 3 580,54 millones en incentivos.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) indica en un informe de octubre del 2011 que Alemania ha subsidiado la minería del carbón, dando a esta industria, en el 2009, €2.100millones, que se pueden agregar como subsidios indirectos a la generación eléctrica, eso sin contar que durante el último año los precios del carbón han bajado en forma importante.

En documentos emitidos por el Corporate Europe Observatory y el Carbon Trade Watch, afirman que Reino Unido, dará € 300 millones para compensar a algunas empresas por los costos de emisiones de CO2 (ETS Emissions Trading Scheme). En un informe de mayo del 2012, el Carbon Trade Watch señala: “El régimen comunitario de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU-ETS) se puso en marcha en 2005 como la principal herramienta de la UE para reducir las emisiones industriales de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto.

Pero la realidad es que las emisiones de la UE están aumentando y que el sistema no ha servido para lograr sus supuestos objetivos y ha proporcionado, en cambio, una lucrativa oportunidad de negocio para las industrias más contaminantes”. Las 5 empresas que más han obtenido estos beneficios en España, desde el 2008 al 2011 son, en su orden: Arcelor-Mittal, Cemex, Repsol, Cementos Portland y Holcim, que han recibido por concepto de ETS en total casi 750 millones de euros.

Asimismo, los EE. UU. han hecho lo suyo, dando en el 2009 a los productores de energía $5.000 millones, según el informe de la IEA.

La propuesta de Ley de Apertura Eléctrica busca entre otras cosas, generar la figura de gran consumidor, que otorgar un privilegio a algunas empresas, para obtener tarifas más favorables. Un adelanto de lo que pasará nos lo mostró recientemente la Aresep, con una rebaja del 16% a la tarifa eléctrica, aprobado a 4 grandes consumidores: Intel, Holcim, Alunasa y Cemex.

Costa Rica tiene tarifas más bajas que cualquier país de Centroamérica, en el promedio de Suramérica, Europa y EE. UU. (residencial). Esto a pesar de los beneficios directos e indirectos que las productoras eléctricas, fuentes de materias primas tienen y beneficios extras que pueden obtienen por sus emisiones contaminantes.

Como lo ha comentado el Dr. Roberto Jiménez G. respecto a algunos procesos de privatización, “Los procesos de apertura y privatización llevados a cabo han podido demostrar el poder económico y político de cazadores de rentas, grupos de empresas que mediante sobornos a políticos, aporte a campañas electorales, entre otros mecanismos, hacen prevalecer sus intereses particulares sobre los generales”.

No debemos permitir que intereses codiciosos distorsionen nuestras leyes y capturen nuestras instituciones. Más bien deberíamos buscar, sobre la base del respeto mutuo, una mejor distribución de la riqueza y una coexistencia privada y estatal que realmente beneficie nuestra sociedad, y podamos dejar un país más justo y solidario a los futuros costarricenses, y no un país en que el 1% de la población concentre el 99% de la riqueza.