El 2011 terminó y siempre resulta útil hacer un repaso de lo acontecido, para ver cuáles fueron los aciertos y desaciertos, con el fin de aprender de los errores y mejorar en el año que inicia. Así que nada más sencillo que un breve repaso de lo bueno, lo malo y lo feo de lo que aconteció en el país en materia laboral.
Lo bueno del 2011. Sin lugar a dudas la nota alta del 2011 en temas laborales fue la aprobación por parte del Consejo Nacional de Salarios de la nueva fórmula de cálculo del salario mínimo para el sector privado.
Después de varios meses de negociación y con una amplia participación del Gobierno y los sectores que representan a trabajadores y empleadores, se definió una nueva metodología de fijación, que además de mantener el poder adquisitivo, agregó un componente asociado con el crecimiento del PIB per cápita. En otras palabras, con esta nueva fórmula los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado compensarán el aumento del costo de vida, pero además los aumentos serán mayores si hay crecimiento en la producción del país.
Otro punto sobresaliente fue la aprobación de la “Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de sus Datos Personales” que, aunque su alcance trasciende el ámbito laboral, sin duda alguna contiene disposiciones relevantes que protegen a los trabajadores antes, durante y después de las relaciones laborales.
Con esta nueva ley, los trabajadores tienen un mayor control de sus datos personales y los patronos tienen que comenzar a tomar varias medidas en el manejo de la información personal que requiera de los trabajadores y además debe abstenerse de ciertas prácticas muy utilizadas en nuestro medio de consultar bases de datos privadas, para conocer datos personales de acceso restringido, si no cuenta con la autorización previa y expresa del trabajador o candidato a un puesto. El verdadero alcance de esta ley lo conoceremos cuando entre en funcionamiento la Prohab (Agencia de Protección de Datos, adscrita al Ministerio de Justicia) y comience a dar lineamientos sobre esta novedosa normativa.
Igual de importante fue la participación de la Sala Constitucional con el tema de huelga. En los votos 2011-17211 Y 2011-17212 se retomó lo que la doctrina de la OIT ha reconocido por años como servicios públicos esenciales y dispuso que en este tipo de servicios no puede haber huelga; y en un tercer voto, el 2011-10832 declaró inconstitucional el requisito del 60% de apoyo de los trabajadores para que una huelga sea declarada legal. Ambos votos no son otra cosa más que la Sala Constitucional tratando de regular ante ausencia de ley.
Lo malo del 2011. En el ámbito legislativo, se quedaron sin aprobar proyectos de ley que son fundamentales para el país. Es preocupante que el proyecto de reforma procesal laboral, que terminó el año 2010 en la posición número 4 en la Asamblea Legislativa, haya finalizado el 2011 sin aprobarse y, peor aún, sin número en agenda para ser discutido y aprobado.
Además, el “proyecto de ley de protección del empleo en momentos de crisis” sigue sin aprobarse en el seno de la Asamblea Legislativa. Desde que Uccaep presentó este proyecto de ley, han pasado ya varios años y no logramos decidir como país si lo acogemos o lo rechazamos. No hay nada peor que la inercia y la incertidumbre. Nuestra legislación laboral actual no ofrece alternativas para modificar condiciones esenciales del contrato de trabajo para situaciones excepcionales de crisis, lo único que ofrece es despedir al trabajador, dejarlo desempleado y hacer el problema más grande, cualquier otra opción (cambio de condiciones, disminución de la jornada, disminución de ciertos salarios) es ilegal en nuestro país, a pesar que en otros países en situaciones como tales son válidas y necesarias para evitar consecuencias más gravosas.
Lo que más preocupa de todo esto es que el 2012 pinta ser un año difícil para la Unión Europea y para Estados Unidos, y otra crisis internacional como la del 2009 nos puede traer consecuencias negativas y con ello un aumento en la tasa de desempleo.
Lo feo del 2011. Definitivamente, las huelgas que se suscitaron a finales del 2011 se llevaron este apartado. De todas, sin duda la que dejó en evidencia algunas falencias y dejó múltiples enseñanzas fue la huelga de los anestesiólogos.
Muchos coincidimos en que las autoridades de la CCSS cometieron un grave error primero al despedir a algunos trabajadores que participaron en la huelga declarada ilegal para después retroceder en su decisión y mostrar que habían tomado una decisión apresurada; y la enseñanza quedó bien clara: en materia de huelgas, quien tiene el poder no necesariamente tiene el control. Aunque el Gobierno, como patrono, tenía el poder para despedir, los anestesiólogos tuvieron el control de la situación y, por ello, el movimiento le dio resultado.
A lo anterior, se le debe aunar la poca legislación laboral que queda vigente sobre la materia y los numerosos votos de la Sala Constitucional en este aspecto provocan incertidumbre y hacen difícil, incluso a quienes nos dedicamos a este tema, a saber con certeza cuándo estamos frente a una huelga legal o ilegal, o más aún, cuándo estaremos frente a un servicio público esencial.
Esta indefinición está empujando a varios sectores de trabajadores simplemente a acudir a huelga, restándole importancia a si el movimiento puede ser o no legal y esto es muy peligroso; es decir, se está utilizando este medio de presión para hacerse oír, y peor aún, para obtener, lo que no se está logrando por la vía de la negociación.
El derecho de huelga es un derecho constitucional de los trabajadores y no debe cercenárseles esa conquista; eso sí, debemos trabajar en crear mecanismos preventivos y paliativos para poder en la mayoría de los casos permitir la coexistencia del derecho de huelga con los otros derechos constitucionales de los demás individuos. El problema es que nosotros tenemos esta tarea pendiente.
Los retos del 2012. El país tiene para este 2012 muchos retos en materia laboral. La lista es larga, pero les comparto la que a mi criterio es la primera y tal vez la más ardua y difícil de lograr: patronos y trabajadores, a través de sus distintas organizaciones, deben convencerse en que el diálogo social es la herramienta para resolver de forma ágil sus necesidades propias y comunes.
Ambas partes deben empoderarse y definir una agenda de trabajo donde se identifiquen intereses comunes y comenzar a trabajar sin mayor contratiempo, para no dejar en los gobernantes de turno la solución del 100% de sus problemas y necesidades. Así sucede en otros lados y así debemos aprender a hacerlo.