“Prefiero una prensa sin Gobierno que un Gobierno sin prensa. Lo básico es el derecho del pueblo a saber”. Nada más pertinente que esta lúcida reflexión de Thomas Jefferson (tercer presidente de Estados Unidos, 1801-1809) para celebrar, este 3 de mayo, un nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido, desde 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de la Unesco.
Este año, la celebración coincide con el vigésimo aniversario de la Declaración de Windhoek para la promoción de medios de comunicación libres y pluralistas, adoptada en Namibia en 1991.
La relación, directa e interdependiente, entre la libertad de prensa, la libertad y la democracia hunde sus raíces en la Declaración de Virginia de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, más recientemente, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
Una prensa libre, pluralista e independiente es, al decir de la Unesco, un componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. La libertad de expresión y de información constituye, por lo tanto, un derecho humano fundamental que asegura el libre intercambio de ideas y de opiniones en una sociedad democrática y plural. Por consiguiente, limitar o restringir el derecho de informar y de informarse objetivamente es incompatible con un sistema democrático.
Como bien señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-5/85 (13 de noviembre de 1985): “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática.
“Es indispensable para la formación de la opinión pública ['] Es condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté bien informada.
“Por consiguiente es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre”.
En otras palabras, no hay democracia auténtica sin ciudadanos informados, y para ello es requisito sine qua non la vigencia plena y efectiva de la libertad de prensa.
La publicación de informaciones sobre el desempeño de la administración pública es una de las principales contribuciones de la prensa a la democracia, pues al poner al descubierto abusos o delitos perpetrados por autoridades contribuye al equilibrio de poderes y a la rendición de cuentas.
Panorama regional. En varios países de la región, la relación entre medios de comunicación y poder público atraviesa por una etapa de tensión creciente ocasionada, entre otros factores, por trabas burocráticas que limitan e incluso hacen nugatorio el derecho a la información: presiones de poderes fácticos –entre los que destaca el crimen organizado– y el hecho de que en algunos casos la alternancia política no necesariamente se ha traducido en mayor apertura y facilidades para el ejercicio del periodismo, sino en la continuación de pugnas entre informadores y funcionarios que conciben la exigencia de apertura como presión a sus administraciones e incluso como amenaza a la seguridad nacional.
La libertad de expresión enfrenta asimismo desafíos importantes en la región: autoridades reacias o abiertamente opuestas a la transparencia y la rendición de cuentas; coacción de grupos de poder económico y político, así como de bandas del crimen organizado; marcos legales restrictivos y ausencia de instancias sólidas que protejan a los informadores y hagan efectivo el derecho a la información, además de las limitaciones de los propios medios para profesionalizarse, desarrollar investigación y estrechar vínculos con su público y con la academia.
No es extraño entonces observar que varios Gobiernos latinoamericanos consideran a los medios, y no a las fuerzas políticas opositoras, como la verdadera oposición y que, a como dé lugar, traten por lo tanto de controlarlos, sea sancionando decretos o leyes con el propósito de influir en el contenido de las noticias, sea creando cadenas de medios para utilizarlos como mecanismos de propaganda de los propios Gobiernos, sea utilizando la publicidad oficial como una forma de censura indirecta.
Mi opinión. Sin una mejora sustancial de la democracia en nuestra región, principalmente en materia de calidad institucional, la libertad de prensa seguirá bajo amenaza constante, sobre todo de parte de aquellos gobernantes que intentan concentrar poder de manera ilegítima para someter no solo a los demás poderes y a la oposición, sino también a los medios.
Pero, si en verdad queremos avanzar de manera firme y sostenible en materia de libertad de prensa, la mejor calidad institucional de nuestras democracias debe acompañarse por un lado, de gobernantes comprometidos con la tolerancia, la transparencia, la rendición de cuentas, el pluralismo y una sana apertura a la crítica, y, por el otro, de una prensa más profesional, más independiente y con mayores niveles de credibilidad.