A finales de julio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, refrendó lo que él mismo denominó la reforma más importante del sistema financiero estadounidense en los últimos 70 años. Según expresó el Presidente al firmar la Ley, la reforma Dodd-Frank evitará que en el futuro el ciudadano norteamericano pague los excesos y negocios turbios de la banca de inversión y de Wall Street.
La reforma es extensa y compleja, como reflejo evidente de la crisis que la originó.
Específicamente, abarca una serie de medidas en diversas áreas, todas orientadas a cerrar brechas en la regulación que, en principio, permitieron los excesos de Wall Street y de la banca de inversión que sirvieron de caldo de cultivo para la crisis cuyos efectos todavía se (re)sienten en prácticamente todo el mundo.
Sus principales elementos fueron objeto del editorial de este matutino el pasado 2 de agosto y no tengo intención de reiterarlos aquí. Sin embargo, quisiera ofrecer una visión sobre algunos aspectos de la reforma y sobre lo que el presidente Obama manifestó.
Prevenir crisis futuras. Todos debemos tener claro que la profunda crisis económica del 2008 y 2009 no será la última que los Estados Unidos (y el mundo, eventualmente) deban enfrentar. Esta reforma (y ninguna otra) tiene la capacidad de evitar o prevenir este tipo de catástrofes en el futuro (ojalá no muy cercano).
Los vaivenes del llamado ciclo económico, las burbujas financieras o de precios en ciertos activos, así como los efectos de la especulación, la imprudencia, el excesivo apalancamiento o alguna otra circunstancia (que siempre será difícil de anticipar), afectarán de nuevo a la economía norteamericana y mundial.
Ante esta realidad, es muy difícil imaginar que cuando esto ocurra, el gobierno de turno en Estados Unidos decida no intervenir para evitar que la crisis se agudice o extienda, aun si el origen de la crisis puede de alguna forma ser ligado a Wall Street o al sistema financiero en general. Tomando prestado un precepto muy utilizado en teoría de juegos, la mejor respuesta del Gobierno en ese momento será, casi seguramente, rescatar a quien haya que rescatar para evitar un daño mayor a la economía, precisamente lo que ocurrió en el 2008 y 2009. No hay nada en la reforma Dodd-Frank que modifique esa realidad, independientemente de la retórica del presidente Obama.
Ahora bien, podría ser que lo expresado por el presidente Obama resulte correcto si la reforma logra ser verdaderamente efectiva; es decir, si con las limitaciones, controles y salvaguardias que promueve, logra prevenir que el sistema financiero norteamericano se vea involucrado en otra profunda crisis que amerite su rescate.
Sobre esto también hay que ser bastante escéptico, por más de una razón. Una de las que considero más relevantes son los riesgos excesivos incurridos por muchos participantes del sistema financiero norteamericano en los años precrisis. En no pocos casos, la explicación de por qué esas empresas tomaron esos riesgos puede asociarse de forma bastante directa con los incentivos desmedidos y ciertamente perversos otorgados a sus ejecutivos, altos y no tan altos. Más específicamente, una parte desproporcionada de las compensaciones de los ejecutivos de esas compañías era, y continúa siendo, variable y dependiente de los resultados de corto plazo (por ejemplo, ingresos o utilidades del año).
Incentivos impresionantes. Para muestra un botón. Recientemente, el Wall Street Journal publicó un artículo donde destaca a los quince ejecutivos mejor pagados de la última década. El artículo fue publicado por El Financiero el pasado 2 de agosto. Tres de los quince trabajaban para empresas del sector financiero (Countrywide Financial, Capital One Financial y Lehman Brothers, ni más ni menos). De los quince, el ejecutivo que menos compensación obtuvo devengó más de $400 millones en un período de diez años.
Las cifras absolutas son (absurdamente) impresionantes, pero igualmente impresionante es el hecho de que el salario base (fijo) más alto en proporción con la remuneración total de los quince representaba apenas algo más de 4% del total devengado. El resto de la compensación era variable y proveniente de opciones sobre acciones, bonificaciones y otros pagos.
Con incentivos de ese tipo, no hay que sorprenderse si las personas toman riesgos excesivos. En términos simples, es como acceder a una apuesta (que típicamente tienen un alto riesgo asociado) con dinero que otros han facilitado. Si se gana la apuesta, la compensación del ejecutivo es exorbitante y proviene de parte de las ganancias de la aventura. Si la apuesta no se gana, el ejecutivo simplemente no logra la compensación y tendrá que conformarse con su salario fijo, que por lo bajo es de varios cientos de miles de dólares al año. Las pérdidas de la apuesta fallida la pagan los accionistas de la empresa y, eventualmente, todos los ciudadanos, si el Gobierno se ve obligado a rescatar a la empresa.
Ante esta realidad, el incentivo de alcanzar una compensación de cientos de millones de dólares parece demasiado tentador para la mayoría de los mortales. Así las cosas, a menos que haya una modificación radical de los esquemas de compensación de los ejecutivos en la gran mayoría de las empresas transadas públicamente en Estados Unidos, así como una profunda revisión de los esquemas de gobierno corporativo, los incentivos seguirán orientados a hacer grandes apuestas.
La reforma Dodd-Frank dedica una pequeña parte a este tema. Brinda más acceso al accionista individual para opinar sobre los esquemas de compensación de los ejecutivos y para solicitar la devolución de bonificaciones ya pagadas. Habrá que ver si este elemento resulta realmente efectivo y suficientemente poderoso para originar el cambio necesario en los esquemas de remuneración y de gobierno corporativo. Por mi parte tengo serias dudas, dada la poca importancia relativa y la evidente timidez con que la reforma trata este trascendental tema.