La Corte Internacional de Justicia emitirá esta mañana una resolución inapelable sobre si el Gobierno de Nicaragua debe sacar o no sus tropas de isla Calero y frenar la devastación de humedales ubicados en ese territorio de la provincia de Limón.
El Tribunal integrado por 17 jueces se pronunciará a las 8 a. m. (hora costarricense) en el Palacio de la Paz, ubicado en la ciudad de La Haya, Holanda.
Lo hará tres meses y medio después de que Costa Rica acudiera a ese estrado para denunciar la invasión militar de su territorio y pedir medidas cautelares.
Ninguno de los dos países podrá apelar la decisión de la Corte. Únicamente, podrán solicitar una aclaración a los jueces en caso de que ambos interpreten la resolución de manera diferente.
Así lo explicó ayer a La Nación el canciller René Castro, desde La Haya, adonde viajó para recibir el dictamen con el equipo costarricense encargado de gestionar el caso ante la Corte .
El 18 de noviembre, el gobierno de Laura Chinchilla denunció ante el Tribunal que Nicaragua invadió territorio costarricense a finales de octubre y que, además, destruyó 225 hectáreas de bosque para abrir un canal artificial que acortaría el camino entre el río San Juan y el mar Caribe.
Dicho conflicto nació el 21 de octubre cuando el Ministerio de Seguridad detectó que Nicaragua arrojaba sedimentos del dragado del San Juan a isla Calero.
Antes de celebrar el juicio, la administración Chinchilla solicitó medidas cautelares. Esa es la petición que la Corte resuelve hoy.
Ayer, el equipo costarricense examinó los posibles escenarios que se derivarán de la resolución, así como la acusación posterior para el juicio, el cual puede durar varios años, dijo el canciller.
Acatarán pero... Los Gobiernos de ambos países afirmaron ayer que acatarán el fallo.
No obstante, en la víspera de la resolución, las autoridades costarricenses y nicaraguenses también se cruzaron palabras fuertes.
El canciller Castro afirmó: “Estoy optimista por la calidad de los argumentos presentados y la forma en que se han sustentado.
“Además, confío en que pesará la diferencia entre una democracia que abre sus puertas a expertos, la prensa y la opinión pública contra un sistema cuasi totalitario como el de Ortega, que ha impedido desde el acceso de los expertos hasta tutelar a muchos de sus medios y su propia opinión pública”.
El vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales, manifestó que Costa Rica espera la decisión “como si fuera a la guerra de las galaxias”.
Por otra parte, Costa Rica insiste en tener observadores internacionales que ayuden a verificar el cumplimiento de las eventuales medidas cautelares que establezca hoy el Tribunal de La Haya.
El problema es que no existe un acuerdo con Nicaragua sobre ese punto, indicó ayer el vicecanciller Carlos Roverssi, quien citó a México, Guatemala y la Unión Europea como posibles colaboradores.