Algunos de los pilares sobre los que se establece una democracia real, representativa y participativa son el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad de ideas y criterios. La evolución de la democracia a su forma parlamentaria o presidencialista, como es en el caso costarricense, dejando de lado aquella ideal organización democrática particular de la polis griega, le permite a la ciudadanía, elegir a representantes que recogen las ideas y los criterios de cada una y cada uno de nosotros.
Estarán estos gobernantes en la obligación, tanto moral como política, de hacer efectiva aquella herramienta fundamental de las democracias consolidadas y que mencionamos al principio de este artículo; nos referimos al diálogo.
Sin embargo, resulta insostenible hacer una aseveración de esta magnitud en la Costa Rica de nuestros días. La presidenta Laura Chinchilla, en un período sumamente corto de tiempo, ha empleado su derecho al veto en dos ocasiones y, particularmente, en dos temas que son altamente delicados y determinantes para los intereses de la clase media y media baja de este país: la ley del derecho al fotocopiado, que ocasionó unos injustificables actos de violencia en el Parlamento de la República el pasado 9 de octubre, y la reforma laboral que pretendía hacer valer derechos de los trabajadores, derechos referentes a la cuestión de la huelga en sectores como el de la salud y el de la seguridad pública.
Ante esta situación, muchos ciudadanos costarricenses nos hemos preguntado: ¿Para qué se discuten y se aprueban entonces las leyes en el Parlamento? ¿Para qué elegir representantes de la ciudadanía costarricense que pertenece a los sectores socioeconómicos más desprotegidos de este país, si en cuanto se tiene la oportunidad, la presidenta de la República dará la palabra final sobre el asunto?
Esa es la democracia al estilo Chinchilla. Ni siquiera se puede hablar aquí de una cuestión partidaria ya que ambos vetos respondieron a la aprobación previa de las leyes en la Asamblea Legislativa, hecho que no hubiese sido posible sin el apoyo del partido oficialista, es decir, sin los votos de las y los diputados del Partido Liberación Nacional.
Haciendo eco de las palabras de la diputada del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña, el gobierno de Chinchilla parece “el gobierno del veto”. Es evidente que la señora presidenta de la República no incurre en ningún delito. Sin embargo, ¡es un atentado contra la democracia!
Ahora, como estudiante y como ciudadano, únicamente quedará esperar los efectos de una ley de fotocopiado que es manejada con gran sutileza entre influyentes empresarios y el Gobierno de la República.
Al parecer, en este tema, la democracia ha sufrido un inesperado golpe bajo.
Se deberá soñar aún, de igual manera, con los derechos que muchos trabajadores han añorado desde la aprobación del código de trabajo en el año 1943. ¿Será esa, acaso, la verdadera solución? ¿Únicamente esperar? ¡No! Es hora de, como decía el Che Guevara, “...atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha”.
Es hora de unirnos y fomentar la lucha democrática; recordarles a quienes tienen el poder que el pueblo costarricense es un luchador por la justicia social y por la democracia representativa; demostrar que el pueblo costarricense es consciente de los efectos que cada decisión política tiene sobre su vida y sobre la de sus compatriotas.
La democracia nunca se terminará de construir, nunca terminará de florecer: debe ser construida y fortalecida por el pueblo.
No permitamos que se nos cierren las puertas al diálogo, a la reflexión, a la crítica, a la expresión de ideas y a la manifestación pacífica.
Alfonso Corrales Arce. Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas (UNA-UCR)