He dicho en repetidas ocasiones que ya existen suficientes problemas complejos en el país como para dar paso a una campaña electoral prematura, basada más en ambiciones personales que en los intereses nacionales.
Entre aquellos problemas está en lugar preponderante el de definir una orientación estratégica para la CCSS. Problema acuciante, porque en la Caja se combinan diversos planos de la vida nacional: Primero, la CCSS tiene un valor simbólico y un valor sustancial para los costarricenses; simbólico porque hablamos de la columna vertebral del Estado social de derecho, sustancial porque sus servicios de salud y pensiones constituyen la gran red de seguridad que garantiza la calidad de vida de la población.
Segundo, porque en el plano político la calidad y cantidad de servicios de la Caja provee de sustento cotidiano a la legitimidad del Estado. Es difícil imaginar la gobernabilidad de Costa Rica si llegase a suceder un desplome en esta institución.
Huelga recordar que la CCSS cubre la totalidad de la población del país, un ejemplo casi único en el mundo con el que no sueñan naciones mucho más ricas que la nuestra, en particular los Estados Unidos donde dos presidentes han fracasado en el intento de dotar a su pueblo de un sistema nacional de salud asequible para todos.
En el plano económico, con cuarenta y cinco mil empleados, dos billones de colones de presupuesto y un gigantesco fondo de pensiones, la Caja es la empresa más grande de Centroamérica y concentra la mayor masa de capital del país.
Su presencia en el mercado es de grandes proporciones y las inversiones de su Fondo de Pensiones son un piñón de primera importancia en el limitado engranaje que dinamiza el mercado financiero costarricense. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central cuentan con la CCSS como un cliente de primerísima importancia para la colocación de sus instrumentos de inversión.
Responsabilidad del Estado. Son impensables las repercusiones de un hipotético colapso en semejante punto nodal de nuestra estructura pública. Por ello el Estado debe asumir su responsabilidad con relación a la CCSS. Lo cierto es que, a la fecha, el Gobierno, con una deuda de ciento sesenta mil millones, no solo es el mayor moroso de quienes plagan las cuentas de la institución, sino que el propio Estado es un factor de desestabilización al recargar la Caja con obligaciones de atención especial a amplios sectores sociales, sin darle los recursos necesarios y legalmente obligatorios para cubrir el costo adicional de tratar a privados de libertad, indigentes, indocumentados, adultos mayores, adolescentes y niños, etc.
En adición a tener que cubrir esa enorme población que no cotiza, la Caja enfrenta un sostenido incremento en los costos de los servicios médicos, derivado de la evolución en los perfiles de morbilidad propios de nuestra población. Por efecto de la misma eficacia del sistema de salud y del aumento en el ingreso per cápita, la expectativa de vida de los costarricenses ha crecido a niveles del primer mundo y hoy el sistema debe atender enfermedades crónicas y complejas, caras de tratar, amén de enfrentar inéditas amenazas epidemiológicas. Esta situación obliga a repensar el sistema de atención médica, para enfatizar más la educación y la prevención, en aras de promover el estado general de salud de la población.
Ante estos retos es indispensable revisar el modelo de gestión institucional, rezagado en relación al avance tecnológico y organizacional del país como un todo. La inexistencia de expedientes electrónicos o de un sistema integrado de compras e inventarios habla de la urgencia de una transformación organizacional que modernice desde la constitución y funcionamiento de la junta directiva hasta el sistema de remuneraciones, desbordado por un caos de incentivos y remuneraciones especiales. En este contexto de serias debilidades organizativas ni siquiera es posible determinar si hay o no un crecimiento excesivo en el número de empleados.
De igual manera se impone revisar el modelo financiero del sistema. Costa Rica no es aún un país de ingresos altos, y el mecanismo de contribución tripartita no funciona en la práctica porque el Estado siempre está en mora; no cubre ni sus cuotas como patrono ni el costo de atender las poblaciones no contribuyentes que le ha recargado a la Caja.
Esto hace a la institución dependiente de las cotizaciones obrero-patronales y muy vulnerable a los ciclos de mercado. Cuando estamos en etapas recesivas, inmediatamente bajan los ingresos de la CCSS por la disminución en el empleo, no así sus gastos porque igual debe atender universalmente a toda la población presente en el territorio nacional, incluyendo los visitantes.
Naturalmente, es claro que el Estado no podrá pagar sus obligaciones con el servicio de salud si no lo dotamos de recursos frescos provenientes de una eventual modernización fiscal.
Aquí se nos hace manifiesto que solucionar este complejo nudo de problemas en una institución tan determinante para la vida de la nación no se puede lograr sin un amplio dialogo social, tan profundo como aquel que en los años 40 produjo las reformas sociales.
Las generaciones que nos precedieron con una gran vocación social aunque con muchos menos recursos y posibilidades, tuvieron la visión de una Costa Rica más equitativa y solidaria; se amarraron la faja y haciendo grandes sacrificios crearon la Caja y la dotaron de la mejor organización y recursos disponibles en aquella época. Hoy nos corresponde a todos analizar lo logrado y poner rumbo norte nuevamente a esta institución del bienestar y la tranquilidad de la familia costarricense.