Los cuatro peritos propuestos por abogados ambientalistas están autorizados para ingresar a evaluar los daños ambientales causados por el proyecto minero en Cutris de San Carlos.
Así lo sentenció ayer la jueza Dolores Montes de Oca, del Tribunal Contencioso-Administrativo, tras la audiencia de la fase de ejecución de sentencia del denominado caso Crucitas.
La intención es que los especialistas estimen el costo de la restauración ambiental de la zona, la cual deberán pagar la empresa Industrias Infinito S. A. y el Estado, como partes perdedoras en el proceso judicial.
Este procesamiento se desató a raíz del plan de extracción de oro que pretendía llevar a cabo la empresa minera, cuya concesión fue anulada por un fallo del Contencioso-Administrativo en noviembre del 2010, al considerar que los permisos se otorgaron de manera ilegal. Dicha sentencia fue ratificada por la Sala Primera el año pasado.
Equipo de expertos. Un economista ambiental, un ingeniero agrónomo, un biólogo y un ingeniero forestal serán los especialistas encargados de analizar y redactar el informe que detalle el monto económico necesario para la rehabilitación de la zona talada.
Dicho documento deberá ser presentado con una fecha límite fijada para el 30 de junio de este año.
No obstante, según la juzgadora, podría solicitarse una prórroga si fuese necesario.
Entre tanto, la empresa minera demandada, representada por Juan Carlos Hernández, solicitó el rechazo del escrito correspondiente a la ejecución de la sentencia, petición que fue denegada en la misma audiencia .
La jueza pidió expresamente a Industrias Infinito “la colaboración para el ingreso de estos profesionales en la zona”, con el fin de agilizar el trabajo de campo.
Embargo denegado. Entre otros puntos, los abogados ambientalistas solicitaron la ampliación del embargo a todas las propiedades y vehículos inscritos a nombre de la compañía demandada. Sin embargo, esta petición fue denegada.
El mismo Tribunal Contencioso-Administrativo ya congeló fondos de Infinito el pasado mes de enero. La empresa depositó $600.000 en una cuenta como garantía ambiental.
Visita judicial. La jueza programó una diligencia en la zona dañada de los terrenos de Crucitas, en la que participará.
Esta actividad está planificada para el próximo 1.° de junio.
A esta verificación en el terreno están invitadas todas las partes del proceso judicial; es decir, la agrupación ambientalista denunciante, los representantes de la Procuraduría General de la República, así como los del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y los de la empresa.
Todos ellos podrán ir acompañados de sus asesores para que los orienten sobre la valoración.