MADRID. El juez Baltasar Garzón inculpó oficialmente hoy al exgeneral chileno Augusto Pinochet por su responsabilidad en 3.051 desapariciones y asesinatos, además de decenas de casos de torturas ocurridos durante su gobierno de facto (1973-1990).
Además, Baltasar Garzón ratificó en su auto de procesamiento la orden internacional de detención contra Pinochet, así como el embargo acordado el pasado 19 de octubre a los bienes que el exgeneral pueda tener en países extranjeros.
El texto, que fue notificado a las partes y que será enviado a las autoridades británicas por vía diplomática, se hizo público al día siguiente de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, decidiese dar luz verde al proceso de extradición de Pinochet hacia España.
Pinochet, acusado por Garzón de genocidio y terrorismo, comparecerá el viernes por primera vez ante un tribunal británico para recibir la notificación del proceso de extradición iniciado en su contra.
Garzón culpa en el auto tanto a Pinochet como a los miembros de su Junta de Gobierno de haber elaborado "con meticulosidad y detenimiento" un plan criminal cuyo primer objetivo era tomar el poder en Chile.
Su segundo paso sería la detención y posterior desaparición de los colaboradores del presidente electo Salvador Allende, muerto el mismo día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973.
El juez basa también su procesamiento contra Pinochet en la comisión de delitos de "genocidio", cargo que no fue contemplado por el ministro británico para autorizar el procedimiento de extradición.
En el auto de procesamiento, el magistrado acusa a Pinochet de haber creado una "Operación delictiva" cuya finalidad era "conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros y torturas (...), desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un número próximo a las 3.000".
Agrega que esta operación fue realizada de acuerdo con responsables militares de otros países de la zona, "como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina", con el fin de "alcanzar una serie de objetivos político-económicos que reafirman las bases de la conspiración y consigan instaurar el terror en los ciudadanos".
A juicio de Garzón, "el Plan Cóndor (...) es un proyecto personalmente ideado por el Coronel Manuel Contreras, siguiendo las órdenes de Augusto Pinochet, y por responsables de otros países comprometidos, en esa época, contra el Comunismo Internacional".
Según los datos en poder de Garzón, la primera reunión de los conspiradores sudamericanos que tomaron parte en el operativo tuvo lugar en octubre de 1975 en Santiago de Chile, "a la que seguirán otras en otras capitales, como Asunción", según se acredita en los llamados "Archivos del Terror de Paraguay"
Examina con detenimiento también la actuación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por el mismo Coronel Contreras, y su sustitución en 1977 por el Centro Nacional de Informaciones (CNI).
Entre los actos más destacados perpetrados por la DINA, Baltasar Garzón subraya los asesinatos del General Carlos Prats --ex Comandante en Jefe del ejército chileno-- y su esposa, en 1974 en Buenos Aires, el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier, en 1976 en Washington, así como sus contactos con organizaciones terroristas en España y Francia.
Baltasar Garzón destaca también las torturas, detenciones-desapariciones y muertes de más de 60 menores de 18 años víctimas del régimen pinochetista, así como las desapariciones y torturas de miembros de la comunidad Mapuche, la principal etnia indígena de Chile.
Tras un análisis, el magistrado español considera que, "a pesar de no contar con la declaración del imputado (...), cuya práctica se ha solicitado por medio de una Comisión Rogatoria"(...), "ha de acordarse su procesamiento con el fin de que pueda conocer concretamente los hechos que se le imputan y por los que en su momento será objeto de enjuiciamiento".
Asimismo, manifiesta la necesidad de mantener a Pinochet en situación de prisión provisional "ante el riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia; riesgo que es certeza si se atiende a las manifestaciones formalmente expuestas por representantes del Gobierno chileno -Ministro de Asuntos Exteriores- en nuestro propio país"
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, La Nación Digital.