En todo el mundo desarrollado, los Gobiernos impulsan ajustes para atrasar la edad de jubilación con el fin de salvaguardar los regímenes de pensiones. La longevidad es cada vez mayor y la salud de los trabajadores les permite continuar prestando servicio hasta edades más avanzadas. Además, se hace imposible mantenerlos pensionados durante tantísimos años.
En Costa Rica, el sistema de salud conquistó una longevidad comparable con la del mundo desarrollado, pero los diputados están empeñados en encontrar mecanismos para acortar la edad de la jubilación. Mientras los países ricos reforman la ley para mantener a sus ciudadanos en la fuerza laboral –y cotizando– hasta los 67 años, esta nación en vías de desarrollo aspira a rebajar hasta cinco años la edad de pensión.
La demagogia infla las velas del proyecto de ley y le granjea apoyo en casi todos los partidos políticos. Nadie está en disposición de pagar el precio de oponerse a tan sabrosa prebenda. Ni siquiera las dudas pendientes sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) se sobreponen al deseo de sumarse al “regalo” propuesto, inicialmente, por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).
Un trabajador promedio, explicó Édgar Robles, superintendente de pensiones, cotiza unos ¢23,9 millones a lo largo de su vida laboral, pero recibe más de ¢41 millones en su condición de pensionado, dada la edad de retiro establecida en la actualidad y la expectativa de vida de la población costarricense. En consecuencia, las cotizaciones representan un 58,4% de los beneficios recibidos en el curso de la jubilación.
Robles brindó las explicaciones ante una comisión legislativa encargada de estudiar la sostenibilidad del régimen de IVM. La contradicción no puede ser más obvia. En el Congreso, las dudas sobre la solidez del régimen de pensiones son tantas que los diputados crearon una comisión para investigarlas, pero no se sienten obligados a esperar los resultados del estudio antes de aprobar una ley como la propuesta por el PASE.
Si los diputados consiguen rebajar en cinco años la edad de jubilación, y el examen del IVM aconseja, ahora o en el futuro próximo, aumentar la edad mínima para obtener una pensión, se producirá una evidente contradicción y las señales enviadas al país con este proyecto de ley solo conseguirán complicar el debate.
Los promotores de la ley señalan el requisito de completar el pago de las últimas 60 cuotas como salvaguarda de la solidez del sistema. Al cumplir al menos 57 años, el trabajador debe adelantar el pago de esas 60 cuotas para obtener el beneficio. Con el objeto de estimular la jubilación temprana, la ley autoriza a la Superintendencia de Pensiones a diseñar planes para que las operadoras faciliten el pago adelantado. También permite aplicar a esos fines el ahorro acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y crea un peligroso portillo para los privilegios y la corrupción en el sector público donde, con solo invocar necesidades de “reestructuración institucional”, el pago de las cuotas adelantadas pude salir de las arcas del Estado.
El proyecto también derrota, en buena medida, los propósitos del Régimen Voluntario de Pensiones y del Régimen Obligatorio, creados para complementar las pensiones de IVM. Ahora, más que esa función complementaria, los fondos acumulados podrán ser aplicados a la compra de la renta vitalicia ofrecida por la nueva ley a quien cumpla 57 años.
El cálculo de las cuotas necesarias para adelantar la pensión hace pensar que el beneficio será accesible para muy pocos. Un trabajador con ingresos de ¢800.000 que pretenda una pensión de ¢500.000 deberá adelantar ¢36 millones. Quizá el trabajador que cumple esas condiciones y hoy tiene 57 años no encuentre de dónde sacar tanto dinero, pero algún día cumplirán 57 años miles de ciudadanos que habrán acumulado lo suficiente entre ahorros personales, prestaciones laborales, FCL y fondos de pensiones obligatorios y voluntarios. Muchos, entonces, tendrán acceso a los beneficios de la ley aprobada hoy con escasa consideración del futuro.
Algo hay de inquietante en el propósito de trabajar menos hoy que vivimos más, cuando el resto del mundo más bien intenta extender la vida laboral y ampliar la base de la población cotizante. Costa Rica pretende un excepcionalismo divorciado de sus posibilidades reales. Puede salirle caro. Por eso, el apresurado paso del proyecto de ley por la Comisión Legislativa Plena Primera es inquietante. La complejidad del problema de las jubilaciones, las características demográficas del país –cuya población envejece con celeridad– la necesidad de estudios actuariales serios, las dudas sobre el IVM y la experiencia internacional aconsejan una mayor pausa y, cuando menos, un debate en el Plenario.