El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende que la firma Alcatel-Lucent sea condenada a pagarle el dinero que haya ganado por los contratos telefónicos obtenidos en Costa Rica, mediante el pago de sobornos.
Para lograrlo, el ICE acudió a una figura legal denominada disgorgement (devolución de ganancias ilícitas), que obliga a las empresas o personas condenadas en Estados Unidos por delitos económicos o de otra índole a resarcir a sus víctimas con las ganancias obtenidas ilegalmente.
Pago. Según la demanda que el ICE presentó ante una corte civil de Florida, la entidad también busca recibir $137,4 millones que Alcatel-Lucent se comprometió a pagar a las autoridades de Estados Unidos por violar las normas anticorrupción de ese país.
Esa multa es producto de dos acuerdos a los que llegó la empresa, tras admitir su culpabilidad.
“El propósito es lograr que los $137 millones no vayan a los contribuyentes estadounidenses, sino al ICE, que fue dañado en su imagen de empresa pública”, explicó ayer el presidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Doryan.
“Además, se estará pretendiendo un resarcimiento mayor, en virtud de permitirlo las leyes y tribunales de Florida”, agregó.
En efecto, el ICE solicitó que Alcatel-Lucent lo indemnice por los daños que le causó. El monto lo determinarían los jueces, en caso de que condenen a la firma.
Asimismo, la institución costarricense pidió que los costos de un eventual juicio le sean cobrados a Alcatel-Lucent, y que se le conceda, como parte demandante, “cualquier otro beneficio que la Corte estime justa y apropiada”.
La entidad estatal alega que los acusados cometieron en suelo estadounidense los delitos de lavado de dinero y fraude, entre otros.
El ICE –que tiene su propia Dirección Jurídica– informó de que, además de los abogados que contrató en Florida para elaborar la demanda, en Costa Rica cuenta con la asesoría legal del Bufete Rojas Franco y Asociados.