San José (Redacción). El informe de la investigación sobre la construcción de la trocha fronteriza, presentado esta mañana por la diputada libertaria Patricia Pérez y Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, piden que la presidenta Laura Chinchilla, dicte una sanción moral contra el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman.
De acuerdo con Pérez, presidenta de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, esperan como sanción moral una llamada de atención de la mandataria, sea por escrito o verbal, estilo "jalón de orejas" a su vicepresidente.
La libertaria aclaró que no pueden pedir la destitución de Luis Liberman Ginsburg por tratarse de un funcionario de elección popular.
Los diputados consideran que Liberman es el más alto jerarca responsable en la toma de decisiones del proyecto de la ruta 1856.
A la vez, los congresistas recomiendan la destitución inmediata de René Castro, ministro de Ambiente y Energía, que durante su gestión como canciller permitió el dragado en el río San Juan, y con ello habría originado -a juicio de los diputados- una serie de conflictos con Nicaragua.
El informe le achaca a Castro "debilidad e ingenuidad" al permitir el dragado del río San Juan.
También se solicita el despido del viceministro de la Presidencia y comisionado antidrogas, Mauricio Boraschi, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales.
El informe de la comisión legislativa no es vinculante, sin embargo los diputados remitieron copia al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que sus conclusiones apoyen las investigaciones respectivas.
Sobre los funcionarios directamente relacionados con la construcción de la trocha, los legisladores pidieron que no se les nombre en cargos públicos o de representación internacional por un periodo de tiempo.
Estos funcionarios son Francisco Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes (inhabilitación por ocho años); Carlos Acosta, expresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi, seis años); María Lorena López, exviceministra de Obras Públicas (cinco años); Manuel Serrano, exjefe del Conavi (diez años); Miguel Ramírez, ex ingeniero del Conavi (diez años), y los miermbros del Consejo de Administración del Conavi (cinco años), así como al exasesor de Francisco Jiménez, Manuel Abarca (tres años).
Otra recomendación de los diputados es que se realice una llamada de atención moral al diputado Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), “por realizar negociaciones de interés personal con el Gobierno, que afectaron la investigación, en detrimento de la ciudadanía”.
Céspedes, en medio de las últimas semanas de investigación sobre la trocha, pidió al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, el nombramiento de dos sobrinas en el Ministerio de Educación Pública (MEP), y una conocida en el de Salud.
Eso generó la pérdida de desconfianza de Pérez y Oviedo en Céspedes, dijeron hoy durante la conferencia de prensa, pues compartían con él información confidencial de la investigación.
La diputada Pérez dijo que su voto para el próximo jefe de fracción del Movimiento Libertario dependerá de si acogen o no el informe que presentó hoy.
El candidato a esa jefatura es el diputado limonense Manuel Hernández.
En el caso de Oviedo, confía en que la opinión pública se entere de las conclusiones de la investigación y tome sus propias decisiones en los próximos comicios.
La presentación del informe la hicieron los diputados en el Castillo Azul, sede de la presidencia de la Asamblea Legislativa, esta mañana a las 10 a.m.