La democracia se fundamenta en el respeto al ordenamiento jurídico escrito y no escrito, y en el castigo a quienes lo quebrantan, todo al amparo de principios fundamentales para que el sistema en unidad funcione: somos iguales ante la ley y nadie puede crear, eliminar o modificar leyes excepto la Asamblea Legislativa (AL) en representación de la voluntad popular.
En ese marco es esencial el principio de legalidad, el cual limita el actuar de los funcionarios públicos a las potestades expresamente dispuestas en el ordenamiento jurídico. El respeto al Estado de derecho por todos los miembros de la sociedad es necesario para que podamos convivir. Pero es especialmente importante que los jerarcas políticos cumplan a cabalidad con tal sujeción objetiva para el interés público. Por ello, un requisito ineludible al asumir sus cargos es que juren respetar la Constitución y las leyes.
Si cada vez que los jerarcas políticos consideran que una norma legal es inapropiada u obstaculiza su labor, proceden entonces a violarla y, si los órganos encargados de sancionar no actúan, no solo se crea desconfianza e ingobernabilidad en el sistema, sino que se autoriza moralmente al resto de las personas a que también sean selectivos ante las leyes. La misma consecuencia se deriva cuando ante el vacío normativo el jerarca político opta por el exceso y no por la restricción. Amenazas a la paz social. Cuando aun una pequeña parte de las personas escoge la parte de las leyes que respeta y la parte que no respeta o, ante vacíos legales, escoge el desmán y no la moderación, se nos comienza a terminar la vida en sociedad. Cuando una sola persona puede decir “si quienes juraron respetar las leyes y la constitución no lo hacen y además nadie los castiga, ¿por qué yo lo voy a hacer?”, estaremos en peligro de dejar de ser una sociedad pacifica y ordenada por las leyes para ser una sociedad regida por el poder, la fuerza y la astucia. En ese caso, el límite al caos estará determinado por el porcentaje de personas que deciden su comportamiento de acuerdo a la lógica de la moral y no a la lógica de las posibilidades.
Lamentablemente, en este contexto, Costa Rica ha dado pasos peligrosos. En reiteradas ocasiones los jerarcas de instituciones vitales para la democracia han jugado con los principios legales en que se sustenta. Solo basta recordar a la Sala IV valorando la oportunidad o conveniencia de proyectos de ley consultados por la AL; al TSE permitiéndole al Gobierno participar y gastar fondos públicos en la campaña del referendo para el TLC; a los diputados participando en el nombramiento de educadores o la selección de los beneficiarios de las ayudas sociales; al Presidente durante la campaña política saliendo en campos pagados anunciando la inauguración de una carretera; a las instituciones públicas y a Casa Presidencial gastando dinero haciéndose propaganda con las obras que se construyan durante su gestión; al Gobierno procesando créditos del BCIE y de China sin ratificación legislativa; a un diputado fraguando un plan para violar la legislación electoral, tal y como lo estipula un “memo” del que es coautor; al Gobierno modificando un contrato para extenderle a una empresa la concesión para operar el aeropuerto por cinco años y beneficiarla con $350 millones adicionales de ingresos, o al Gobierno comprándoles los muelles de Limón a los trabajadores de Japdeva por $137 millones.
Podríamos citar muchos otros ejemplos, donde con la excusa de la ingobernabilidad o de la lentitud o simplemente para beneficiarse, los jerarcas de ciertos poderes crean Derecho, irrespetan el principio de legalidad, modifican contratos, conceden indemnizaciones adicionales a las estipuladas en la ley, fagocitan (con dinero, puestos y otras regalías) a políticos de otros partidos y violan o crean normas cuando les parece lo más expedito o conveniente.
Nadie discute que existen leyes absurdas, pero nadie, y mucho menos jerarcas que juran respetar y velar por el cumplimiento de esas normas, puede escoger incumplir las que les parecen inconvenientes o crear sobre la marcha rutas no estipuladas en las leyes.
Lo que les toca es promover reformas por medio de los procedimientos establecidos legalmente. Cambios urgentes. Algunos de los casos aquí mencionados han sido valorados en las instancias jurisdiccionales correspondientes, pero existe un gran sector de gente seria, informada y responsable, que solo aspira a que el país marche bien y en democracia, que siente que esas instancias no han actuado de acuerdo con lo que demanda nuestro ordenamiento jurídico. Respetamos todos esos fallos y promovemos su respeto por el resto de la sociedad, pero urgimos cambios. Si los nombrados para conducir se dan el lujo de escoger las normas que obedecen, ¿qué barrera moral va a detener a las personas propensas al crimen a también ser selectivos en cuanto a las normas que respetan?
Cuando la institucionalidad del país es burlada por los jerarcas políticos y por las instancias responsables precisamente de hacer respetar las leyes y la Constitución, cuando el sistema de pesos y contrapesos es violentado por estas prácticas y por medio de la cooptación de políticos de oposición con métodos poco transparentes, se pierde la confianza y más bien se deteriora la gobernabilidad.
Al igual que lo he hecho en dos artículos anteriores, reitero mi esperanza en doña Laura Chinchilla.
Todo esto se lo expresé en nuestra reunión privada. Ella presidirá a toda Costa Rica y es apropiado que al menos se familiarice con la narrativa de un sector que ve con preocupación el deterioro institucional del país.