El concepto de idoneidad supone que una persona, luego de ser evaluada conjuntamente con otros candidatos, posee las mejores condiciones para ocupar un puesto o cargo. Esas condiciones permiten proyectar su eventual desempeño en un determinado puesto y generalmente son de tipo académico, experiencia, conocimientos, habilidades y competencias, entre otros, que son previamente definidos para asegurar el mejor desempeño en las funciones y actividades asignadas al cargo.
Así las cosas, ¿cómo es posible entonces que una misma persona sea un día seleccionada para ocupar el cargo de ministro de Gobierno y tiempo después sea “reubicado” en otro ministerio, institución autónoma u otro cargo de igual o mayor importancia? Entonces ¿no era la mejor opción en el primer cargo? ¿Qué criterios se utilizan para el nombramiento de personas en cargos que no solamente exigen gerenciar una institución, sino todo un sector? Aunque ello nos trae a la mente casos recientes, no interesa particularizar este comentario sino más bien llamar la atención acerca de una práctica que se ha generalizado en los últimos Gobiernos.
Si bien dichos cargos son de nombramiento directo del o la presidente/a de la República, ello no impide que exijamos un filtro que al menos nos asegure que estas personas cumplan con un mínimo de requerimientos que les permita a ellos y al país el mejor esfuerzo y desempeño en las funciones y responsabilidades asignadas.
No pequemos de ingenuos, las recientes denuncias por parte del Tribunal Supremo de Elecciones confirman que el principal requisito para ocupar estos cargos es haber apoyado al presidente de turno en la campaña política, incluso colaborando en fraudes para financiar las campañas.
El problema no se resuelve con la propuesta de ley presentada por una brillante diputada para destituir ministros, sino más bien con acciones preventivas para que los elegidos pasen por una aprobación previa por parte de una instancia que verifique el fiel cumplimiento de los requisitos mínimos.
¿Quiénes son las y los actuales jerarcas de todas nuestras instituciones públicas? ¿Son su formación, experiencia y competencias afines con los cargos que ocupan? ¿Son las mejores opciones? ¿No será conveniente que la misma institución evalúe su desempeño al menos durante el primer año de gestión? ¿No son también cargos financiados con presupuesto público y responsables del manejo de fondos públicos como para que al menos la Contraloría General de la República intervenga en el adecuado uso de dichos recursos? ¿No son las actuales experiencias suficientes como para prestar atención a estas malas decisiones?
Propuestas. Algunas de las propuestas serían, por ejemplo: conocer los equipos de Gobiernos antes de las elecciones para saber si votar o no por todo el paquete, incluyendo a los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, embajadores, y demás cargos públicos. Actualmente elegimos al presidente o presidenta de la República sin conocer cuál será su equipo de gobierno, y efectivamente esta información incidiría en la decisión de las y los votantes.
Definir perfiles mínimos para los cargos de naturaleza política y una instancia que verifique su cumplimiento para su visto bueno, ello de alguna manera legitimaría las decisiones del presidente/a.
Publicar con suficiente antelación la intención de nombramiento de una persona en estos cargos para que todo costarricense que conozca actos irregulares de ella las denuncie, como se hace actualmente con cargos como el de contralor y subcontralor general de la República, esto con el fin de no llevarse sorpresas una vez que son elegidos.
Mientras sigamos aceptando que con estos cargos se paguen favores políticos, seguiremos sufriendo y pagando las consecuencias, como la inestabilidad que viven actualmente nuestras institu- ciones con el costo económico y atrasos que tienen para el país.