Eduardo Doryan, presidente ejecutivo del ICE, solicitó ayer, a la Fiscalía General y al OIJ, investigar si las intervenciones telefónicas hechas en ese Instituto durante el período anterior, se apegaron a las órdenes emitidas por los jueces o fueron más allá.
El jerarca pidió comparar el total de escuchas telefónicas realizadas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con las resoluciones judiciales que autorizaron la intervención de líneas, a fin de “llevar tranquilidad a la ciudadanía”.
Doryan envió una nota este lunes, después de que, la semana pasada, el diputado Luis Fishman denunciara en el Congreso que una oficina del ICE se dedicó a hacer labores de espionaje.
Mediante un comunicado público, el Instituto reconoció ayer que esa oficina, llamada Dirección de Protección y Seguridad Institucional, vigiló durante 11 días al líder sindical Jorge Arguedas Mora.
Arguedas fue objeto de un seguimiento por parte de siete investigadores de esa oficina, quienes lo observaban y fotografiaban desde que salía de su casa.
Doryan ofreció disculpas a Arguedas y sostuvo que la acción sobre él fue un error de la administración pasada, a cargo de Pedro Pablo Quirós.
El jueves anterior, en la Comisión de Gasto Público del Congreso, Fishman sostuvo que el ICE había comprado equipos para espionaje telefónico y que esas adquisiciones debían ser revisadas.
Doryan estaba presente en dicha comisión y dijo en ese momento que no se referiría al tema porque no lo habían convocado a hablar sobre él.
Al día siguiente, el Instituto emitió un comunicado según el cual la entidad garantizaba a la ciudadanía que “todas y cada una de las intervenciones telefónicas que se ha visto obligado a realizar por orden judicial, se han llevado a cabo mediante el cumplimiento estricto de los protocolos y procedimientos establecidos por ley”.
La legislación solo autoriza las escuchas telefónicas para investigaciones judiciales sobre homicidios, secuestros y narcotráfico.
Segunda reacción. Tres días después de ese primer comunicado, el presidente del ICE envió un segundo anuncio en el que solicitó la colaboración de Lilliam Gómez Mora, fiscal general interina, y Jorge Rojas Vargas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Doryan les pidió “someter a una rigurosa revisión” los protocolos que regulan las intervenciones telefónicas en la actualidad.
Añadió que desea cerciorarse de que el método para realizar las escuchas es correcto y saber si este puede mejorarse “para garantizar que no se violentan los derechos a la intimidad de las personas”.
Anoche, el diputado Fishman sostuvo que la decisión de Doryan es un primer paso, “pero aquí comienza la investigación para saber qué pasó durante el tiempo en que funcionó esa tenebrosa oficina”.
“Esto debe llevarse hasta las últimas consecuencias. En vez de quedarnos tranquilos, hay que profundizar. El Ministerio Público debería actuar de oficio; hay suficiente mérito y es un caso grave”, continuó el legislador.
De acuerdo con Fishman, la estructura no fue montada solo para investigar a Jorge Arguedas. “Aquí hay un mar de fondo”, dijo.
A su vez, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) también criticó la vigilancia sobre el sindicalista.
“Las máximas autoridades del ICE deben dar cuenta al país de una acción tan repudiable, típica de regímenes dictatoriales o totalitarios. Se trata de un gravísimo abuso de autoridad que la conciencia democrática no puede ni concebir ni tolerar”, dijo la organización al tiempo que pidió investigar la Dirección de Protección.
Ayer se intentó conversar con Pedro Pablo Quirós, pero no fue posible localizarlo