La Asociación de Zonas Francas mantiene un pulso con el Ministerio de Hacienda ante la posibilidad de que el Gobierno cobre un impuesto a las nuevas empresas que operen bajo este régimen.
Este nuevo tributo del 15% sobre las ganancias de los socios de las firmas está contemplado en el proyecto de ley de “Solidaridad tributaria”, que el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa a finales del mes pasado.
Los máximos representantes de la Asociación de Zonas Francas (Azofras) exteriorizaron sus preocupaciones por el impacto de este tributo en el sector al segundo vicepresidente, Luis Liberman, y al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, en una reunión celebrada ayer en la Casa Presidencial.
Consultado sobre el tema el martes pasado, previamente a la cita, Herrero aseguró que este tributo se aplicaría a las nuevas inversiones, y no a las empresas que ya operan en ese régimen.
“El proyecto dice claramente que se mantienen los derechos adquiridos. Lo que está vigente se respeta. En el caso de todas las empresas que están en zona franca, no tienen de qué preocuparse, pues lo que estamos proponiendo es hacia adelante”, subrayó el Ministro.
En alerta. Álvaro Valverde, director de Azofras, aseguró que este nuevo gravamen del 15% sobre los dividendos “atenta” contra la competitividad del país.
Su principal preocupación, dice, radica en el hecho de que el país promovió y aprobó una ley de zonas francas (que recién cumplió un año de vigencia) que exonera a las empresas de este impuesto.
Entre los beneficios fiscales que otorga dicha ley, destaca el no pago del gravamen sobre la renta.
“No es justo que se cambien las reglas del juego. No es el mejor mensaje que se les está enviando a los inversionistas que están valorando nuestro país”, apuntó el ejecutivo de Azofras, gremio que agrupa a 259 empresas que operan bajo el régimen preferencial.
En sintonía con la posición de Azofras opinaron Anabel González, ministra de Comercio Exterior, y Gabriela Llobet, directora de la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
“Si como país hicimos un ejercicio para definir el marco de las zonas francas (con la aprobación de la nueva ley), entonces debemos mantenernos con ese balance. La estabilidad jurídica es un factor trascendental que toman en cuenta las empresas”, argumentó la jerarca de Comercio Exterior.
Llobet teme que, si el plan fiscal se aprobara tal como está, el país pierda “atractivo”, lo cual sería un varapalo para las metas de atracción de inversión extranjera que el Gobierno anunció el año pasado.
Esta estrategia prevé alcanzar la meta de $9.000 millones para los próximos cuatro años. La mayoría de este monto lo obtendría de las zonas francas ($2.050 millones).