El Estado costarricense, si no se toman medidas oportunas por parte del nuevo Gobierno, se encamina hacia crisis institucionales que lo pueden llevar incluso a un colapso total. Sobre los problemas de gestión y administración de las instituciones públicas, no hace falta referirse, ya existen abundantes y reiterativas publicaciones en la prensa y en artículos especializados.
Lamentablemente, la reforma institucional no ha sido un punto tratado con la seriedad que se merece en los programas ni en las campañas electorales y, sin embargo, se trata de un problema creciente que puede llegar a trastornar la vida nacional.
Falta de controles. Los problemas de gestión del Estado tienen, en mi criterio, sus orígenes en la falta de controles sobre los resultados y de rendición de cuentas de los jerarcas en los ámbitos locales, regionales y nacionales, al mismo tiempo que sobran los controles de procedimiento y de forma que paralizan la acción cotidiana.
¿Por qué sucede esto? Pienso que la omisión de controles de resultados, por una parte se justifica por la forma en que interfieren los controles de detalle en el logro de los resultados al mismo tiempo que resulta cómodo para todos aquellos que gustan del desorden para “pescar en río revuelto”.
Por otra parte, no es por casualidad que en nuestro país predominan los controles de procedimiento y detalle ya que esto obedece a una práctica cultural organizacional propia de la pequeña empresa tradicional, donde los controles se ejercen sobre las personas, en vez de sobre los procesos o resultados como es en la práctica cotidiana de las grandes empresas e instituciones.
Incluso en algunas universidades públicas, que tienen autonomía administrativa y podrían marcar una pauta de transformación al país, se incuban procedimientos, que presentan las mismas exigencias y trámites para los proyectos de extensión e investigación de corto plazo que para los nombramientos permanentes, haciendo cada vez más difícil la realización de este tipo de actividades por parte de la academia.
Obstáculos. La estructura centralizada del Estado, atomizada al mismo tiempo en centenares de instituciones, impide el control regional y local. Solo en estos ámbitos es donde puede medirse con precisión los resultados de la gestión pública, al mismo tiempo que la ciudadanía y organizaciones pueden ejercer una efectiva fiscalización sobre el quehacer institucional. La carencia actual de instancias de gestión regional y locales que integren y orienten el quehacer del Estado contribuye a restringir las posibilidades de controles efectivos.
Lo grave de no visualizar este problema y buscar soluciones sistémicas, es que el agravamiento de la ineficacia de las instituciones públicas se trata de controlar, por la deformación ideológica organizacional citada anteriormente, con mayores controles de detalle los que complica aún más la situación.
Debemos añadir a lo anterior que la incorporación de controles electrónicos, que regulan cada vez más la maraña de trámites en la administración pública y no permiten avanzar en los procesos mientras no se hayan llenado todos los requisitos.
Esta tecnología que por una parte, cuando la gestión esta bien diseñada, es un gran avance para la buena administración, cuando los procesos no están bien articulados retrasa y paraliza cada vez más el quehacer institucional.
Dado el hecho de que esta tecnología se está difundiendo cada vez más en la administración pública, es de esperar un entrabamiento creciente y un colapso progresivo institucional, a menos que se emprendan las reformas requeridas de regionalización y descentralización con rendición de cuentas por resultados que requiere nuestro sistema institucional.