El Poder Ejecutivo promueve un cambio en la legislación para que la totalidad del costo de supervisión del sistema financiero recaiga sobre los mismos regulados, entre ellos, bancos, aseguradoras y operadoras de pensiones.
La medida se incluyó en el Proyecto de Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, que fue anunciado el miércoles pasado por el Gobierno, y enviado al Congreso un día después.
En la actualidad, el Banco Central es quien financia el 80% de la operación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
En conjunto, los presupuestos de los supervisores del sistema financiero para este año superan los ¢23.000 millones.
Para Luis Liberman, vicepresidente de la República, la medida propuesta busca disminuir la emisión monetaria del Banco Central (y su presión sobre los precios) y, en su lugar, trasladar este efecto únicamente a los usuarios de servicios financieros.
“La idea es que todos los supervisados paguen lo que cuesta la supervisión. Eso es así en muchos países”, agregó Liberman.
Efectos del proyecto. El traslado de los costos de supervisión a los participantes del mercado es evaluado de diferentes maneras.
De acuerdo con Fernando Naranjo, gerente del Banco Nacional, la medida puede tener consecuencias en dos vías: un aumento en el costo de los servicios financieros y una pérdida de independencia de los supervisores.
“Tengo serias reservas éticas sobre la idoneidad de este cambio propuesto. Yo hubiera esperado lo contrario, que los entes supervisados no contribuyan con el financiamiento de los reguladores”, comentó el funcionario.
Gerardo Corrales, gerente de BAC San José, explicó que junto a la propuesta deben afinarse otros temas, como el uso de los recursos.
“La medida es significativa en incremento de gastos (para los supervisados), pero si va acompañada de indicadores de eficiencia, rendición de cuentas, control de crecimiento de gastos y un sistema financiero más sólido y mejor supervisado, en buena hora”. Corrales advirtió de que el proyecto carece de todos estos temas.
El Banco Nacional, el BAC San José, así como el Banco de Costa Rica y el Popular son conglomerados financieros con supervisión en varios mercados: banca, intermediación bursátil y pensiones.
Diferenciado. En el caso de los seguros, la historia es diferente, pues es un mercado en desarrollo con un operador dominante.
Con más del 90% de las primas de la industria, el Instituto Nacional de Seguros (INS) sería la entidad que llevaría la mayor carga de la supervisión de seguros.
No obstante, tanto Guillermo Constenla, presidente de la aseguradora estatal, como Javier Cascante, superintendente de Seguros, coinciden en que el costo no necesariamente será trasladado a los tomadores de pólizas.
“En nuestro caso, por ser un mercado nuevo y en competencia, es muy difícil que se trasladen esos costos a las tarifas”, manifestó Constenla.