El Gobierno se comprometió ayer a entregarle a las 81 municipalidades un monto equivalente al 10% del presupuesto nacional, al cabo de los próximos siete años, sin tener garantizado el dinero para hacerlo.
Tan es así que, para cubrir el aporte de los dos primeros años, el Ejecutivo decidió recurrir a dinero prestado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Después de ello, las transferencias dependerán de una mejoría en la recaudación de impuestos pretendida por la Administración, la cual tiene fijadas sus esperanzas en una reforma fiscal y otras medidas para elevar la carga tributaria al 15,9% del producto interno bruto (PIB).
El Ejecutivo envió ayer al Congreso un proyecto de ley que le asignaría a los ayuntamientos “la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” junto con $200 millones (unos ¢100.000 millones) provenientes de un crédito para infraestructura del BID.
Según el Gobierno, así cumple con la obligación constitucional de pasar recursos y funciones a los ayuntamientos mediante transferencias anuales del 1,5% del presupuesto, en forma acumulativa, hasta completar el 10%.
No obstante, si bien el Ejecutivo hoy colabora con el mantenimiento de la red vial cantonal, la atención de los 28.000 kilómetros de rutas locales es una responsabilidad de las municipalidades desde 1972, de acuerdo con la Ley General de Caminos Públicos.
En tanto, los $200 millones del BID ya tenían como destino el mantenimiento de los caminos vecinales, pues forman parte de una línea de crédito de $850 millones aprobada por la Asamblea Legislativa en la administración pasada.
El Banco entregó un primer desembolso de $154 millones para ampliar la carretera Interamericana norte y giraría los otros $200 millones una vez que el Congreso lo solicite y que el Gobierno ejecute el 50% del aporte anterior.
De acuerdo con el Ejecutivo, el dinero del BID cubrirá el primer desembolso de 1,5% para las municipalidades durante dos años.
El proyecto de ley fue firmado por la presidenta Laura Chinchilla y los ministros Marco Vargas (Presidencia), Melania Núñez (a. i. de Planificación), Fernando Herrero (Hacienda), Francisco Jiménez (Transportes) y Juan Marín (Descentralización).
En el acto en Casa Presidencial, también participó Fernando Quevedo, representante del BID aquí.
Atenúan conflicto. El anuncio surge luego de varios meses de roces entre los alcaldes y la ministra de Planificación, Laura Alfaro, quien no estuvo ayer en el acto; se encuentra fuera del país.
Los jerarcas locales exigían el cumplimiento de una ley aprobada a finales del período de Óscar Arias, la cual establecía la obligación de trasladar en forma gradual el 10% del presupuesto según una reforma constitucional del 2001.
Según esa ley, el Ministerio de Planificación (Mideplan) debe enviar anualmente al Congreso un plan para señalar qué competencias serán trasladadas a las municipalidades.
La ministra Alfaro se negó a hacerlo al alegar que es imposible. Un informe del Mideplan señaló que el presupuesto nacional tiene escaso margen de maniobra y no hay manera de ejecutar la ley sin producir un deterioro fiscal.
Por su lado, aunque los $200 millones equivalen a una tercera parte de los presupuestos municipales, algunos alcaldes calificaron ayer como una “burla” el proyecto.
Álvaro Jiménez, alcalde de Montes de Oro y presidente de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), dijo que ellos ya contaban con los $200 millones del BID por lo que esperaban un aporte adicional.