Ayer comenzaron a correr los tres meses que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, considera necesarios para tener en blanco y negro la política de seguridad que –espera– trascienda más allá del 2014, cuando acaba su Gobierno.
Para elaborarla, Chinchilla abrió un proceso de consulta para recibir propuestas y críticas de los ciudadanos.
La información la recogerá y sistematizará el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ya realizó esta experiencia en otros países del Istmo, como Panamá y Guatemala.
Con ese objetivo, habilitado el número gratuito 800-444-4444 y el correo info@polsepaz.org. También están disponibles el sitio web http://pnud.or.cr y en la red social de Facebook.
En 10 días comenzarán las visitas a 17 regiones, entre ellas las 10 consideradas más problemáticas, para exponer las propuesta y escuchar sus recomendaciones.
“Va más allá de un proyecto de gobierno. Trabajamos con el convencimiento de que este llamamiento es para construir un proyecto de Estado”, dijo Luisa Carvalho, representante del PNUD.
En la consulta también participan organizaciones no gubernamentales, sector privado, partidos políticos e instituciones como el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, cuyos representantes conforman un comité consultivo, también instalado el miércoles.
Entre ellos, figura Jorge Rojas, director de la Policía Judicial, quien aseguró que dará su apoyo con la esperanza de que se busca una solución integral.
Según la mandataria, la información que recojan en un período de seis semanas será la materia prima para el documento final que pueda constituirse en esa ansiada “política integral y sostenible de seguridad ciudadana”.
Complemento. El documento resultante será complemento de las medidas que, según afirmó, ya tomó esta Administración.
Citó entre estas el incremento de la presencia policial en las calles y las reformas a la Fuerza Pública y a la Escuela Nacional de Policía.
Para entender la urgencia de una política más profunda en materia de seguridad, representantes del PNUD mostraron estadísticas que reflejan la nueva realidad.
Costa Rica, pese a mantener la tasa de homicidios más baja en América Central (11 por cada 100.000 habitantes) enfrenta un alza significativa de la violencia.
Así, por ejemplo, entre 1997 y el 2008 los hogares afectados por delitos pasaron de un 15% a un 27,9%. Entre tanto, del 2000 al 2008 los delitos vinculados con psicotrópicos aumentaron en un 504%.