El Gobierno anunció ayer la creación de una unidad de auditores que perseguirán a los grandes evasores fiscales del país.
Francisco Chacón, ministro de Comunicación, aseguró que la presidenta, Laura Chinchilla, firmará en los próximos días un decreto que le permitirá crear la “unidad especial de análisis y acción contra el fraude complejo, en la Dirección de Tributación Directa”.
Según Chacón, esta unidad pretende agilizar los mecanismos para que el Estado recupere dinero de los evasores fiscales.
Como ejemplo, señaló que en el 2012 se han registrado ya 78 denuncias penales por defraudación fiscal. De esas 78, solo 49 se encuentran activas, “y, sin embargo, de todos esos casos, solamente uno ha pasado a la etapa de juicio”, dijo.
Las 29 denuncias restantes se archivaron, y 15 de ellas fueron sobreseídas. De estas últimas, apenas cinco llegaron a la etapa de conciliación, donde el Gobierno logró recuperar ¢4.600 millones en impuestos atrasados.
Chinchilla no dio ayer declaraciones, pero envió un comunicado de prensa en el que defiende la creación de esta unidad antifraude.
“Si no se combate con fortaleza y eficiencia (la evasión fiscal), se propicia y motiva el comportamiento laxo y disoluto de la mayoría de los contribuyentes que ven en la desidia estatal por combatir el fraude, una excusa para no cumplir ellos mismos”, declaró Chinchilla.
Chacón explicó que este decreto reformará, a su vez, el Decreto 35688-Hacienda, que define las potestades de la Dirección de Tributación Directa.
Según agregó, esta unidad antifraude permitirá “atraer y retener auditores que actúen sobre esquemas de fraude más dañinos”.
El funcionario prevé que la unidad estará lista en tres meses, conformada por diez personas “que se dediquen en forma exclusiva a lidiar con el problema”.
Además, se giró una instrucción al Ministerio de Hacienda para que restrinja el mecanismo de conciliación, y, cuando se trate de delitos de defraudación, se exponga al infractor al riesgo de cárcel.