Ayer los 7,6 grados de magnitud del terremoto de Nicoya se convirtieron en ¢22.360 millones.
El Gobierno anunció ayer el cálculo inicial de los daños provocados por el sismo. La cifra la divulgó la mandataria, Laura Chinchilla, al salir del Consejo de Gobierno.
El dinero se destinaría, principalmente, a reparar infraestructura pública como carreteras, centros educativos y de salud en diez cantones de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela.
Para asegurarse una mayor disponibilidad de recursos e, incluso, mayor fluidez en el proceso de reparación de los daños, la presidenta de la República anunció la próxima emisión de un decreto de emergencia que firmará “a más tardar” el lunes entrante.
“Es una excitativa a las instituciones públicas para que renueven sus aportes al Fondo Nacional de Emergencias para refinanciarlo y hacer las atenciones”, explicó Chinchilla.
En el campo de la salud, según la gobernante, se consumiría aproximadamente la mitad de los recursos, la mayoría en la rehabilitación del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.
La cifra también incluye una estimación básica del daño en unas 1.990 viviendas, en las cuales los efectos del temblor en su mayoría son parciales.
En su informe la presidenta también dejó abierta la posibilidad de utilizar parte de una donación del Gobierno de China por $8 millones en la construcción de aulas modulares y equipo médico de primeros auxilios.
Sin embargo, Laura Chinchilla insistió en que esa donación “no es dinero que existe ahí en una caja fuerte, en donde uno saca la mano y hace lo que le da la gana”.
Impresión y acción. La presidenta dijo estar impresionada por la cantidad de energía que se liberó durante el sismo del 5 de setiembre.
“Liberó una energía equivalente a 190 bombas atómicas. Esto, a mí me impresionó muchísimo. Estamos hablando de bombas atómicas, tipo Hiroshima. Sigo insistiendo en que tenemos que darle gracias a Dios, y también a la naturaleza, que fue sumamente bondadosa”, expresó Chinchilla.
Por eso decidió acudir al decreto de emergencia y lograr una atención más rápida a los efectos del temblor.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, explicó que la promulgación del decreto no solo permitirá el aporte extraordinario de recursos de las instituciones del Estado al Fondo de Emergencias, sino que las facultaría para actuar con mayor prontitud.
Según Benavides, el decreto también faculta a una serie de entidades estatales para trabajar con sus propios recursos, pero con procedimientos de contratación mucho más ágiles.
El ministro detalló que lo que se declara como emergencia es el evento sísmico en los diez cantones que resultaron más afectados en tres provincias.