Comencemos con humildad: nuestros análisis de 37 años sobre problemas sociopolíticos no son piedras angulares del conocimiento humano. Pero no tanta humildad como para ocultar que sí arrojan ellos explicaciones plausibles sobre recurrentes debilidades sociopolíticas que nos han dañado en lo colectivo: la falta de un enfoque conceptual sobre el modelo-país configurado en la Constitución Política (hay muchos abogados, pero no analistas-ideólogos del modelo sociopolítico configurado en ella); el casi nulo ejercicio de unas pocas normas sobre conducción que sí permiten hoy a presidente y ministros lograr que las instituciones cumplan, individualmente y en conjunto, con sus objetivos legales; la inaplicación por todos, de lo normado sobre rendición y exigencia de cuentas.
Además, hemos señalado hasta el cansancio los incumplimientos de diversas leyes en materia de dirección, planificación y presupuestos, control y evaluación (desde 1968 con la Ley de Planificación Urbana), más otras diversas excelentes normas integradoras en campos como ambiente, trabajo y seguridad social, educación, salud, infraestructura vial y portuaria, agricultura e industria.
¿Judicialización? Quienes aducen judicialismo y garantismo de tantos derechos ciudadanos, razonan que ello se da por una producción de leyes sin asignación de los recursos necesarios. Dicen que este “garantismo legal” judicializa en demasía los procesos gubernativos. La pregunta inmediata que ello nos provoca, es esta: ¿Cuáles derechos no tienen sustento presupuestario y por eso no debían haber sido aprobados, o deberían ser eliminados? ¿El visionario art. 50 de la CP que sienta la pauta magistral –que nadie reconoce ni enseña— para concebir toda política económica, social y ambiental con pleno reconocimiento de los contrapesos que impidan que tales políticas se anulen entre sí?
¿La educación gratuita y obligatoria, solo porque el MEP se descaminó desde hace tres décadas y hace pésimo uso de los crecientes “tipos de medios” a su disposición con una afectación deleznable sobre la calidad educativa?
¿La protección integral a niños y sus familias, solo porque nadie parece entender que el problema atañe al PANI y a muchos otros entes que parecen no saberlo aún, y peor, porque quien asume el MTSS se niega, con la complacencia del presidente de turno, a ejercer la dirección política unitaria de ese complejo sector de actividad?
¿El seguro social, solo porque nadie entiende que corresponde al Presidente y ministra de Salud ordenar la actividad de salud de la Caja (o sea, calidad, listas de espera, especialidades, biombos, trato humanitario, equipamiento, infraestructura)?
La así llamada “judicialización” ciertamente se da cuando las instituciones no cumplen o satisfacen derechos ciudadanos por los que fueron creadas. Sin embargo, ello no tiene que ver tanto con falta de recursos como de enfoque, lo cual produce una improvisada conducción que a su vez genera un potpourrí de prácticas ilegítimas, corruptas e ineficaces.
Muchos factores determinativos de derechos solo requieren verificación de que sean cumplidos (salario mínimo, seguro social, identificación realista de los pobres) y hay, en el sistema Gobierno, un ejército de funcionarios que por acuerdo administrativo de la Presidenta, ministros y entes, puede ayudar por recargo en esa labor. ¿Ejemplo? Funcionarios de Ebáis y maestros, los agentes regionalesdel MAG, CNP e IDA, además de los de IMAS y PANI.
Recursos, sí hay. Instituciones, hay. Funcionarios, hay suficientes en muchos campos. Normas precisas hay de sobra para lograr prácticas que elevarían la satisfacción de esos derechos con el mismo gasto disponible. Falta enfoque, imaginación, liderazgo y consistencia.
Otros dos hechos lo evidencian. Primero, la incomprensible actitud en la Contraloría de la República cuando, habiendo reconocido y aplicado desde hace unos cinco años después de ignorarlos durante tres décadas, conceptos y mecanismos de dirección política y planificación por sectores y regiones de franco origen nacional, buscan explicaciones de lo que debe ser su “operación” en fuentes foráneas –recurrente error en la enseñanza de las ciencias sociales en Costa Rica– sin advertir que no las encontrarán pues aquellas no analizan el ordenamiento autóctono en su previsto impacto sobre la eficacia de la Hacienda Pública, aquí.
Segundo, un artículo de la jerarca de Mideplán (La Nación, 17/04/11) sobre planificación regional, nos dio un alegrón de burro al anunciar una concertación “con la sociedad civil” y la reactivación de oficinas regionales de Mideplán. Sabemos que sin “algo” como los viejos consejos regionales de desarrollo, esa “concertación” y la mayor eficacia regional de ministerios y autónomas, no se lograrán vía Mideplán per se. Lástima que nadie le enseñó el Decreto del subsistema de dirección y planificación regional 15227-PLAN de 1984 (Administración Monge Alvarez, del PLN'), reconocido por Cepal en 1993 como el más original en América Latina. Y, no superado hasta la fecha en diseño e impacto movilizador real.
Falta de visión y liderazgo. Lo que no garantiza los derechos del habitante, paciente lector, es el gobernar, administrar, fiscalizar y defender los derechos ciudadanos sin la visión, liderazgo e instrumentos de Primer Mundo que la Constitución y el sistema de leyes disponibles permiten.
Tampoco ayuda la reticencia de “la oposición” en la Asamblea para ejercer un control político que ponga a Presidenta y ministros en el banquillo de los responsables por no impedir, pudiendo y teniendo que hacerlo, que las instituciones incumplan la plena satisfacción de los derechos del habitante pues para eso existen; y, créanme, hay dinero de sobra.
El problema de fondo es político. ¿Justicialismo, garantismo? Somos lo que nos merecemos por el irresponsabilismo, el improvisacionismo y el desarticulismo mental y fáctico con que nos gobernamos y administramos. Y, peor aún, con que exigimos cuentas.