El Ministerio Público de Guatemala solicitó a la Policía Internacional (Interpol) incluir a la fiscala costarricense Giselle Rivera Chacón en la lista de personas buscadas en el mundo.
Dicho pedido trascendió el mismo día en que la funcionaria debía presentarse a rendir declaración como testigo ante el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala.
Allí tiene lugar el debate en contra de un grupo de personas –entre estos un exalcalde– por el homicidio de tres congresistas salvadoreños del Parlamento Centroamericano, asesinados junto a su chofer el 19 de febrero del 2007.
Rivera dirigió el equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigó el crimen.
A principios de semana, el Juzgado Primero de Segunda Instancia de Guatemala ordenó la captura de Rivera. Le achacan haber brindado información a familiares de un jefe policial sospechoso de dos matanzas de presidiarios.
“Me dicen que ya está planteada esa orden de captura internacional, pero se hizo sin autorización de un juez, como corresponde.
“Esa petición es ilegítima. El juez que lleva la causa dice que a él no se la han solicitado y los fiscales no pueden hacerlo por su cuenta”, comentó Rivera.
Pesquisa. Por mandato constitucional, Costa Rica no extradita sus conciudadanos. Aunque el actual director de la Cicig, Francisco Dall’Anese, ha negado que ese órgano adscrito a la Organización de Naciones Unidas emprendiera acción alguna contra la fiscala, ella insistió en que la Fiscalía que la acusa –la Unidad Especial de Apoyo a la Cicig– siempre actúa a petición de ese organismo.
“Ellos no hacen nada si el señor Dall’Anese no lo autoriza”, dijo.
El jefe de la Cicig considera vital el testimonio de Rivera, pues servirá para sustentar la acusación en contra de una alta cúpula policial por las matanzas de los presos.
Aún así Dall’Anese, a pedido de la Fiscalía, levantó la inmunidad de la costarricense.
La fiscala dijo que pretenden señalarla con prueba espuria; que la acusan con base en dos grabaciones –halladas en casa de los familiares del jefe policial– que ella no autorizó.