Fiscalía allana casa de exministro Herrero

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

San José (Redacción). Funcionarios de la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción y agentes del OIJ allanan en estos momentos la casa del exministro de Hacienda Fernando Herrero y su esposa Flor Isabel Rodríguez.

Los agentes judiciales pidieron a un juez, a inicios de la tarde, que ampliara una autorización inicial que permitió el allanamiento, durante la mañana, de las oficinas centrales de Recope, en Goicoechea y de la empresa fundada por Herrero y su esposa Procesos Investigación y Asesoría CA., cerca de La Sabana.

Las pesquisas se realizan en los condominios Vistas de Mayorca, en San Rafael de Escazú, donde reside la familia Herrero Rodríguez.

Los allanamientos buscan secuestrar evidencia relacionada con una contratación directa que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) otorgó en agosto del año pasado a la empresa Procesos para que le desarrollara una estrategia en comunicación y relaciones públicas.

Según reveló una investigación de La Nación el pasado 10 de abril, el concurso fue solicitado y autorizado por el presidente de Recope, Jorge Villalobos Clare y se otorgó a Procesos luego de acortar el tiempo para la presentación de ofertas y tras la invitación de tres empresas distribuidoras de materiales de construcción.

Villalobos había asegurado a este diario que la invitación a las empresas proveedoras de materiales fue un "error humano".

Sin embargo, este diario verificó que en primer intento para contratar esta misma asesoría Recope también había invitado a empresas distribuidoras de materiales y fontanería para que participaran.

La Fiscalía investiga el delito de "Influencia contra la Hacienda Pública", que está tipificado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y contempla penas de prisión de entre dos y ocho años.