Ciudad Quesada. El exdiputado socialcristiano Rigoberto Abarca (1998-2002) tendrá que cumplir la condena de cinco años de prisión que el Tribunal de Juicio de San Carlos dictó en su contra el 9 de febrero de 2009, cuando lo halló culpable de usar fondos públicos para la compra irregular de una finca.
Así lo indicó la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución número 2012-001944, dada el viernes anterior, la cual declaró sin lugar un recurso de casación.
En el nuevo fallo, los jueces de la Sala Tercera recalificaron la acusación del Ministerio Público, que fue planteada por el delito de administración fraudulenta, y en su lugar hallaron culpable al exlegislador de un delito de peculado en perjuicio de la Asociación de Vivienda San Juan y el Estado.
Sin embargo, la Sala mantuvo la pena impuesta de cinco años, en aplicación del principio de no reforma en perjuicio del acusado.
Consultado telefónicamente por La Nación , Abarca afirmó que aún no ha sido notificado del fallo de los magistrados.
Anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando ser víctima de persecución política.
“Tengo absoluta seguridad que no he cometido el delito que el Ministerio Público me atribuye; por ese convencimiento, acudiré ante la Corte Interamericana con la seguridad de que se me hará justicia”, agregó Abarca.
Por el mismo delito, también fue sentenciado Víctor Blandón, expresidente de la citada asociación, a cinco años de cárcel.
Además, Ramón Fernández, exasesor de Abarca en la Asamblea Legislativa, resultó condenado a tres años de prisión, pero se le concedió el beneficio de suspensión de la pena por un período de prueba de cinco años.
“En virtud de que el sentenciado Fernández reúne los requisitos de ley, se le confiere el beneficio de ejecución condicional de la pena por un periodo de prueba de cinco años y se le advierte que se le revocará tal gracia, si dentro de ese lapso comete nuevo delito doloso sancionado con pena de prisión superior a seis meses”, señalan los magistrados en el fallo.
Dinero. En forma solidaria, los tres condenados deberán pagar al Estado ¢87 millones por daños y perjuicios, así como las costas del proceso en la vía civil, fijadas en ¢9 millones, para un total de ¢96 millones.
Al fallo de la Sala Tercera no le cabe recurso alguno de apelación.
Abarca fungió como diputado durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
Su caso está relacionado con la compra de una finca en Boca Arenal de San Carlos, que la Asociación de Vivienda San Juan, presidida por Blandón, hizo a Fernández en mayo del 2000.
Cuatro meses antes, Ramón Fernández se la había comprado a la Sociedad Arbolitos de Oro, que en ese entonces presidía Rigoberto Abarca.
Para esa época, Fernández fungía como asesor legislativo de Abarca quien, precisamente un año antes (1999), había gestionado la partida de ¢45 millones con la que se financió la compra de dicho inmueble.
Estos mismos hechos habían sido juzgados en el Tribunal de San Carlos en octubre del 2003, por el delito de negociaciones incompatibles, y Abarca fue condenado a tres años de prisión el 16 de mayo de ese año.
No obstante, este primer juicio fue anulado por la Sala Tercera en mayo del 2007, por lo que los magistrados ordenaron realizar un nuevo debate que se llevó a cabo en febrero del 2009 y que culminó con la condena del exlegislador.
Próximamente, la Sala Tercera remitirá el expediente de este caso al Tribunal de San Carlos para que proceda, de inmediato, a la ejecución de la sen tencia.
Así, el exdiputado podría recibir en las próximas horas una citación para presentarse en los tribunales de Justicia de San Carlos, con sede en Ciudad Quesada.