El excontralor general de la República, Alex Solís Fallas, presentó ayer una demanda contra el Estado en la cual reclama el pago de $5,3 millones (¢2.655 millones) por su destitución.
Solís fue removido de su cargo como contralor en diciembre del 2004, a cinco meses de haber asumido. La destitución se dio con el voto de 39 diputados, quienes consideraron que tuvo un proceder incorrecto por supuestamente haber “falsificado” las firmas de su hermano, Ottón Solís Fallas.
El exjerarca luchó durante varios años en varias sedes para establecer que los diputados de la administración 2002-2006 habían incurrido en un “acto de ejercicio autoritario y anticonstitucional”.
Solís presentó ayer su solicitud de ejecución de la sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ese proceso incluye una solicitud para que se considere el cobro a los exdiputados que decidieron su remoción del cargo.
Entre esos excongresistas estarían la presidenta de la República, Laura Chinchilla; el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; y los hoy diputados Luis Gerardo Villanueva, de Liberación Nacional, y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional.
También votaron en su contra José Miguel Corrales, el hoy presidente del PLN, Bernal Jiménez; la precandidata del PAC, Epsy Campbell; Rodrigo Alberto Carazo, Mario Redondo, Rolando Laclé, Ricardo Toledo, Aida Faingezicht, Gloria Valerín, y los libertarios Peter Guevara, Ronaldo Alfaro y Federico Malavassi. Solo 12 excongresistas no votaron contra la destitución de Solís.
En enero del 2009, cuando Solís era jefe de asesores del PLN, impulsó que se votara una moción para que la Asamblea le pidiera perdón por haberlo destituido, por medio del diputado Óscar Núñez.
El texto se votó y le permitió a la esposa del excontralor ir a la Sala IV a pedir la condena al Estado por la decisión parlamentaria.
En agosto del 2010, los magistrados declararon con lugar su alegato. Notificado en marzo del 2011, Solís empezó a preparar su demanda para pedir el pago de daños y perjuicios.
“Estoy convencido de que contribuyo a que se respete la autonomía e independencia de la Contraloría”, dijo Solís ayer, luego de presentar el proceso contra el Estado.
“Esperaría que el dinero no lo tenga que pagar el Estado, sino los autores de esa barbaridad política”, afirmó el excontralor.
Anoche se solicitó el criterio del Gobierno al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides. Al cierre, no se recibió respuesta.