Hay una preocupación universal por todo lo que está pasando. Por el tráfico de drogas, que es casi una institución mundial y –por lo que parece–, parte de la política exterior de algún hegemónico país; por la delincuencia generalizada y la corrupción en ciertos estratos sociales, sin capacidad oficial para su control; por la democracia, tan venida a menos, consecuencia de la pérdida del rumbo moral que impuso un capitalismo desalmado, avaricioso y cruel; por los partidos políticos que olvidaron que el gobierno democrático es para los pobres y para la solución de sus necesidades y no para los ricos y el fomento de sus riquezas; por el resultado de todos estos males que nos deja un mundo cada vez más miserable y una creciente población desocupada; por una trágica realidad que amenaza estallar en mil pedazos, al grito de la unión mundial de los desempleados contra todos los que robaron la fe en la democracia y la esperanza de los pueblos. Por todo esto, hay una preocupación universal desesperada.
Los que causaron el mal piden soluciones; los que lo sufren, también. Solo hay una pequeña diferencia: lo que piden los primeros no es lo que están solicitando los segundos. Cuando se pide opinión a personas distinguidas y capaces, la propuesta no puede ser para todos, sino para uno o para otro de los dos grupos; para los que provocan el mal, o para los que lo sufren.
Nuevos miserables. Por el momento, la balanza se ha inclinado hacia arriba: el Estado ayuda a los causantes del mal y se olvida de las víctimas, tanto en América como en Europa. Millones de personas están sin trabajo y sin casa, pero el Estado protege a los banqueros y olvida a los nuevos miserables que una forma deshumanizada de gobernar ha provocado.
La protesta es universal y la petición para encontrar soluciones, también. Pero, con alguna excepción, falta firmeza para señalar a los culpables y someterlos a la ley, de la cual hemos apreciado una desviación: la cárcel ya no es para los grandes ladrones. A estos, el Estado les da miles de millones de dólares con la promesa de no repetir el mal que hicieron; los pobres, siempre, quedan desamparados y pagan los daños que otros causaron.
En un reciente artículo publicado en el diario ElPaís, el escritor español Adolfo García Ortega denuncia lo siguiente: “Han entregado a los ciudadanos a los bancos, a las instituciones financieras, a los principios inmorales de un capitalismo sin control. Y esto, todos: los políticos de derecha y los políticos de izquierda. Porque, en este sentido, en la Europa en crisis, derecha e izquierda han terminado por ser parodias recíprocas. O, lo que es peor, cómplices de una vieja dramaturgia, la de su propia supervivencia”.
La balanza del gobierno democrático –en América, en Europa– continúa inclinada hacia arriba, por lo que está cuestionada la representatividad. El gobernante que se aleja del pueblo olvida la razón de su mandato. Entonces, equivocados, algunos –intelectuales y políticos– manifiestan que la crisis es del sistema, por lo que hay que reformarlo, y así lo plantean como solución. Pero no, no es del sistema, sino de la moral de los que tiene obligación de apoyar al pueblo. Es a los hombres que olvidaron los principios y valores de la democracia a los que hay que enjuiciar, y no al sistema. Nada se va a resolver en un país como el nuestro si pensamos que el remedio está en el número de diputados, en el cambio del régimen presidencialista a uno semiparlamentario o en la elección consecutiva del presidente de la República.
La mejor constitución política del mundo, con un mal gobernante, tendrá como consecuencia el mal gobierno; la peor constitución del mundo, con un buen gobernante, resultará siempre en un buen gobierno.
El problema no es institucional, es moral. Es de convicción, de concepto, de lo que se debe representar en el gobierno democrático. Nadie ha dicho jamás que tal gobierno es para los banqueros, los agiotistas y los que convirtieron el negocio en religión. Todo tiene su límite, y el que lo traspasa, rompe el orden acordado de la sociedad. El gobernante democrático defiende al pueblo, por eso ha de gobernar hacia abajo. El que gobierna hacia arriba pierde legitimidad, pues olvidó para qué fue elegido.
Recientemente una señora madrileña, que ha sufrido una rebaja sustancial de su salario y, además, es parte de los cuatrocientos mil propietarios españoles a quienes les han rematado el piso porque no lo pueden pagar, ha manifestado: “Duermo fatal, y para conciliar el sueño, tomo calmantes y ansiolíticos. No puedo dejar de pensar en toda la situación. Me siento estafada; estafada por el mundo”.
Los de arriba y los de abajo piden soluciones, y cuando solicitan opinión, solo escuchamos: “Es un asunto de sistema político, ya no funciona, hay que reformarlo”. Pero no es así, porque es de hombres, de moral, de conductores de pueblos que perdieron el rumbo hacia el bienestar nacional. El que profesa la fe democrática es el único que puede señalar caminos, proponer soluciones. Pero ¿dónde están los sacerdotes de la democracia? Hay urgencia de una propuesta acertada. Si se encuentra al sacerdote de la democracia, es posible que solo aconseje al gobernante: “Aprende a mirar hacia abajo; ¡gobierna para tu pueblo!”.