La Procuraduría General de la República inició el proceso de demanda para recuperar los $19.217 que se le pagaron en forma indebida a la exdiplomática en Suiza Alexandra Pino Mora.
La información fue confirmada por el vicecanciller administrativo, Luis Fernando Salazar.
El caso se remonta a julio del 2011, cuando un órgano investigador de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores determinó que Pino recibió pagos indebidos por salarios que no correspondían y que le “acarrearían un eventual enriquecimiento sin causa”.
Pino, por decisión del entonces canciller, René Castro, fue nombrada el 1.° de enero del 2011 como ministra consejera en Berna, pero nunca asumió el cargo que le encomendaron, porque el Gobierno de Suiza no aceptó su designación.
Según Luis Fernando Salazar, su despacho remitió el 10 de mayo el oficio DVMA-380-12 a la Procuraduría General de la República, para que esta entidad iniciara el proceso de recuperación de los fondos.
Emilia Segura, vocera de la Procuraduría, confirmó que en estos momentos se está elaborando la demanda, “para entablar un proceso monitorio para cobrar la deuda ante el Juzgado Especializado de Cobro en el Segundo Circuito Judicial de San José, ello de conformidad con los artículos 149, 150 y 210 de la Ley General de la Administración Pública”.
Estos artículos regulan los procedimientos a seguir cuando se cause daño por dolo o culpa grave en contra del Estado.
La oficina de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que Alexandra Pino regresó al país el 28 de abril pasado; sin embargo, no atendió los dos teléfonos celulares inscritos a su nombre.
Lo que procede. Según la Procuraduría, el plazo para presentar la demanda antes de que prescriba es de cuatro años.
Luego de la presentación, procedería que el Juzgado Especializado de Cobro dé curso a la demanda y le otorgue el derecho de “legítima defensa a la accionada”.
“Si la demandada se allana a lo pretendido, no se opone dentro del plazo de ley o la oposición es infundada, se ejecutará la resolución intimatoria (en esta se ordena el pago de los extremos reclamados de capital, los intereses liquidados, los futuros y ambas costas.)”, agrega una respuesta de la Procuraduría.
En cambio, si hubiese una oposición fundada de Pino, “se señalará audiencia oral para que el juez resuelva si acoge el reclamo del Estado o le otorga la razón a la demandada”.
Luis Fernando Salazar aseguró que durante todo este proceso Alexandra Pino no ha presentado reclamos, para legitimar el dinero recibido en el 2011.