Las instituciones públicas se muestran reacias a cumplir una directriz emitida por la presidenta Laura Chinchilla de reducir su presupuesto de este año para enfrentar el déficit fiscal.
Chinchilla pidió el pasado 15 de febrero un recorte del 20% en los presupuestos, excluyendo las remuneraciones, los pagos de deudas y las transferencias.
Lo anterior equivalía a un ahorro de ¢106.000 millones. No obstante, las 77 entidades sujetas a la directriz ofrecieron una baja por un total de ¢31.000 millones.
Dicha medida no incluye a empresas públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), así como a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades y las municipalidades, debido a que tienen una autonomía especial, explicó el ministro de Hacienda, Fernando Herrero.
El Ministerio de Hacienda negocia actualmente con las instituciones para que, al menos, recorten ¢56.000 millones (cerca de la mitad de la meta inicial).
La reducción es parte de las medidas para paliar un déficit fiscal que este año llegará a poco más de ¢1 millón de millones; es decir, un 5,8% de la producción.
Del dicho al hecho. Herrero confesó que la negociación ha sido difícil.
“Este tema de pedirles a las instituciones que rebajen el gasto es una cosa compleja; es complejo para ellos también”, comentó.
Añadió que algunas entidades argumentaron que no estaban sujetas a la directriz de la presidenta. No obstante, al final de la negociación todas aceptaron.
Otras instituciones alegaron que no pueden aplicar el recorte solicitado, propusieron un ajuste menor y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda les aceptó el monto por considerar que sus razones eran válidas.
Otras ni siquiera han propuesto un monto como el Consejo Nacional de Vialidad.
A otras, Hacienda más bien les pidió un ajuste mayor al propuesto como, por ejemplo, al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
¿Qué recortaron? Entre las entidades que han realizado el mayor ajuste en términos absolutos (porque tienen presupuestos más grandes) se encuentran el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección General de Aviación Civil y el Banco Central.
Olman Segura, presidente del INA, explicó ayer que la institución pudo reducir el presupuesto de remuneraciones porque tenía una reserva para un aumento salarial que, según sus proyecciones iniciales de la inflación, iba a ser mayor.
Además, dijo que frenaron las contrataciones y no sustituyen plazas que queden vacantes.
También tenían montos reservados para enfrentar algunos juicios, como lo exige la ley, y los ganaron. Otro renglón fue el de materiales y bienes duraderos: ahora utilizan al máximo los inventarios.
Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil explicó que tenían un presupuesto por ¢22.944 millones, el cual ya habían recortado a ¢10.447 millones por restricciones en el límite de gasto.
La entidad alegó que la directriz de Chinchilla significaba una reducción de ¢2.872 millones, pero como ya se había realizado un recorte resultó innecesario hacer otro.
En el Banco Central redujeron partidas de servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes. Esta entidad no estaba obligada, pero decidió apoyar la medida como parte del equipo económico.