Taylor sacó un carné de cuidacarros en la Tercera Comisaría de San José. Ya no recuerda hace cuánto hizo el trámite, pero sí está seguro de dos cosas: que ya se le venció y que no planea renovarlo. Sin embargo, cree que debería haber un carné obligatorio, “¿no ve que cuidar carros es una gran responsabilidad?”.
El guachimán está tan desatendido a nivel legal, que ni la ley de Murphy se mete con él. La Oficina de Servicios de Seguridad Privados, del Ministerio de Seguridad, tiene registrados a 1.533 vigilantes independientes a lo largo de todo el país, y en ese rubro se incluyen cuidacarros y vigilantes de urbanizaciones. Estos caben específicamente en la Ley 8.395, de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados.
La cifra está lejos de la realidad nacional, pero el mismo descontrol que existe hace imposible lanzar con precisión –o aproximación– un dato que refleje cuántos vigilantes de vehículos pululan por nuestras calles. Los que están contabilizados son aquellos que han calificado para recibir un “carné oficial”, el cual se gana tras un proceso de capacitación. Este documento tiene dos años de vigencia y la Policía podría levantar un parte contravencional a quien no lo tenga, porque estaría trabajando sin el servicio respectivo.
En instancias municipales ha habido conatos de organización para poner orden en el tema. Es el caso de las municipalidades de Cartago, Escazú, Coronado y Santa Ana, que “crearon un ordenamiento; un orden en zonas donde pueden trabajar los cuidadores y luego las asignaron”, precisa José Luis Sánchez, director de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad.
Estos casos nacen de convenios de ayuda recíproca y han sido iniciativa de las municipalidades. Sánchez asegura estar trabajando en un proyecto de reforma de ley que próximamente presentaría el Ministro de Seguridad para redefinir las competencias del vigilante independiente.
Si se llegara a concretar la iniciativa, se podría controlar también la práctica de la “venta de zonas”, que, según dice el funcionario, alcanzan sumas considerables. “Hemos tenido reportes de cuidacarros que venden cuadras en ¢1 millón y solo así las ceden a alguien”.
Al igual que Taylor, Cuca es de los pocos que poseen carné, pues alguna vez la Policía le exigió que lo sacara. Sin embargo, no lo porta consigo cuando vigila, pues considera que “no hay leyes que regulen nada; por eso es que, en algunas partes, los mismos vigilantes abren los carros y nadie sabe quiénes son”.
Si bien ha habido casos como el que describe el guachimán de Coronado, ninguna entidad cuenta con datos precisos sobre denuncias de abusos o daños por parte de cuidacarros. En ese ámbito, el panorama evidentemente también es difuso.
El licenciado Alberto Castillo, abogado especialista en materia del consumidor y de tránsito, asegura que un “cliente” no tiene cómo defenderse del cobro abusivo de un vigilante de autos o del perjuicio físico que pueda provocarle a un vehículo. Por eso mismo, señala como responsables de tal descontrol al Estado y a las municipalidades.
“Los cuidacarros laboran contra la ley, porque están cobrando por el uso y disfrute de algo que está legislado en la Constitución Política (el libre tránsito), además atentan contra el derecho constitucional de la propiedad. Uno no puede cobrar por un bien del Estado; es como que alguien ande vendiendo oxígeno o cobrando por el uso de bancas en un parque”, explica Castillo.
Si bien ninguno de los vigilantes entrevistados para este reportaje pide tarifas fijas a cambio de su servicio, está claro que ningún conductor tiene obligación de pagar a los cuidacarros un monto determinado, pues no hay un contrato entre ambas partes, agrega el abogado.
“Sería interesante una demanda relacionada con este asunto, pues si hubiera que denunciar penalmente a alguien, sería al Estado y a la Municipalidad donde suceda el incidente en cuestión.
“Un dueño de carro no podría demandar a un guachimán porque la actividad que este practica no está regulada”, continúa.
En materia laboral, Erick Briones, jefe legal de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, asegura que el oficio es informal; por lo tanto, quienes lo desempeñan lo hacen al margen de la ley, la cual, a la vez, es difusa o inexistente.
Su recomendación para los cuidacarros es que, a pesar de la naturaleza de su trabajo, deberían cotizar para la Caja Costarricense de Seguro Social.
En el apartado de trabajo, no ha habido intentos por regular la actividad, “pero sí como práctica de mercado o como práctica comercial, del mismo modo que está regulado el porteo o los que prestan servicio de desalmacenaje”, dice Briones.
Desde su lugar de cuido, Cloy Thompson espera un carné que le prometieron hace más de dos décadas: “En la primera administración de don Óscar Arias vinieron a decirme que me lo iban a dar... pero hasta el día de hoy no he recibido nada por parte de nadie”.