El año final de un gobierno es siempre efervescente y difícil, porque se agravan los cuestionamientos sobre probidad y eficacia de la Administración, las presiones de los grupos de interés, algunas por la búsqueda de prebendas y supuestas reivindicaciones sociales no siempre justificadas.
En este periodo hay que multiplicar los esfuerzos de diálogo con todos los sectores y, en medio de la flaqueza derivada del desgaste político, encontrar la persuasión y la firmeza necesarias para que la satisfacción de pretensiones en época electoral no carguen sobre el Estado compromisos y erogaciones de circunstancia, sin contenido fiscal, agravando los males del erario y de la economía en general.
El manejo de esas complejas circunstancias se torna más difícil si el Gobierno, como ocurre ahora, incurre en torpezas políticas continuas que descalifican su credibilidad y por ende su capacidad de interlocución.
En estos días asistimos a una versión criolla de los “indignados” que, justificada o no, agita el comportamiento callejero de las masas, facilitado por la debilidad y/o falta de diálogo con la que se enfrentaron manifestaciones de rebeldía en casos como el de transporte público o el pago de las primas de seguros.
El error de montar una concesión de obra pública sobre una carretera ya existente construida con inversión del Estado, generando altos peajes tan solo por ampliarla y mejorar la superficie de rodamiento, hace que los concesionarios resulten beneficiarios de una inversión hecha por el Estado. La situación se agrava si adjudicada la obra, nada se ha hecho después de doce años y aparece el “milagro”, nunca explicado, de cómo y quién autorizó la cesión de un contrato manifiestamente incumplido. Este tipo de actuaciones desacreditan el instituto de la concesión y generan las motivaciones gremialistas para combatir esa forma de contratación pública, hasta el punto de exigir en las calles la derogatoria de la ley. Obviamente, esto no es inocente, pues surgen los intereses de las empresas constructoras para desarrollar el proyecto con fondos del Estado, léase endeudamiento, versus los intereses de los concesionarios que tendrían que aportar el valor de la obra, ya sea con fondos propios o por medio de créditos.
Es claro que si se derogara la ley los beneficiarios de esta obra o de otras, serían las empresas constructoras, porque el capital tendría que aportarlo el Estado como contratante y nos privaríamos de un recurso lícito para desarrollar infraestructura sin endeudamiento. La lección debe ser aprendida, la concesión de obra pública debe aplicarse a obra nueva e integral y no sobre inversión preexistente.
Este conjunto de situaciones golpean la confianza del público en el Gobierno, pero también la credibilidad en las instituciones del Estado de derecho que, sumadas al desgaste político, colocan al Gobierno en extrema debilidad hasta para mantener el orden público en los últimos meses de la administración.
Así las cosas, la actitud patriótica hay que conformarla con una sincera voluntad de enmienda por parte del Gobierno y con un diálogo responsable que involucre a los diversos grupos de interés. Lamentablemente, lo que observamos no es eso, por el contrario, doña Laura se ha quedado sola porque carece de humildad para afrontar los errores. Los que medran a su sombra por interés político, hacen lo posible por desmarcarse del descrédito del Gobierno y como si fuera poco, el presidente de su partido en expresión digna de una antología política de la irresponsabilidad, se deja decir que la presidenta “no representa a los liberacionistas” y el Partido Liberación Nacional no asume responsabilidad por los actos del Gobierno”. Esta irresponsabilidad corre pareja con la de quienes dijeron que dejaban “la mesa servida”, pero lo que dejaron fueron los vales del festín burocrático en que se gastaron el ahorro de Gobiernos anteriores y el endeudamiento que ellos mismos contrajeron. Si esto ha ocurrido en Costa Rica con dos gobiernos sucesivos del mismo partido, ¿qué podemos esperar de un tercer gobierno de ese mismo signo?
A pesar de lo que se presagia, es necesario que los diputados y el Partido Liberación Nacional cierren filas para evitar que el Gobierno desestabilice aún más a Costa Rica.
Es igualmente necesario que los costarricenses perciban la gravedad del momento y no encomienden una tercera vez el Gobierno a quienes nos han colocado en tan lamentable situación.