Es innegable que el PAC y sus dirigentes han imprimido a la política costarricense una conducta más acorde con el respeto a la ley y a principios morales que todos deseamos ver en nuestros dirigentes políticos. Casi sin excepciones, sus diputados han mostrado estar interesados en el adecentamiento de la función pública.
La visión ética del PAC se encuentra regulada por varios códigos que tipifican la conducta incorrecta de los funcionarios públicos. El espíritu general de esos códigos es loable: imprimir a la función pública un verdadero espíritu de servicio bajo los preceptos de la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la honestidad, y la frugalidad en el uso de los bienes públicos.
Sin embargo, esa visión ética, encerrada dentro de los límites de esos códigos, adolece de unos pecados originales:
1. La incomprensión de la naturaleza ambigua y cambiante de las normas éticas. ¿Es moral o inmoral utilizar métodos anticonceptivos?, ¿participar en política?, ¿la usura?, ¿deforestar?, ¿el consumo de licor?, ¿el consumo conspicuo?, ¿el divorcio?, ¿el juego? La lista de las conductas que en otros tiempos fueron tachadas como inmorales y han dejado de serlo (o viceversa), es copiosa. Lo virtud y el vicio, lo justo y lo injusto, el bien y el mal son conceptos mucho más complejos de definir de lo que a menudo creemos.
2. La ausencia de discernimiento para comprender que todo precepto moral, incluso el “no matarás”, puede contar con circunstancias atenuantes y eximentes (todas las legislaciones aceptan, bajo ciertas circunstancias, el “homicidio justificado”).
3. La creencia a ciegas en códigos éticos que, como toda creación humana, inevitablemente contienen errores y vacíos, y disposiciones arbitrarias, que responden a una visión de la vida en un momento determinado, pero que bajo ninguna circunstancia pueden erigirse en normas de aplicación universal que encarnan los ideales de la verdad y la justicia.
Como resultado de esos errores, mediante una aplicación automática de algunas normas de esos códigos, sin el debido proceso de por medio, algunas autoridades de ese partido han emitido sentencias condenatorias, al menos en el campo de la opinión pública, a supuestos violadores de algunas de esas normas.
El Código de Ética del PAC que regula la conducta de sus diputados, establece que esos funcionarios no deben utilizar vehículos públicos ni siquiera en el ejercicio de sus labores. En el año 2002, tres diputados de ese partido viajaron a la zona sur, en labores propias de su cargo, en vehículos de la Asamblea Legislativa. Por violar, supuestamente, el código de ética, esos diputados recibieron una severa reprimenda de parte de un sector de la dirigencia del PAC, lo que detonó el primer gran cisma legislativo de ese partido político. Quienes así procedieron, no fueron capaces de comprender que esos hechos podían condonarse sin que los principios éticos de ese partido se vieran comprometidos. Actuaron bajo el principio ético radical que proclama que debe hacerse justicia, aunque perezca el mundo; olvidaron que, como dijo san Pablo, la letra mata, más el espíritu vivifica.
El caso del diputado Manrique Oviedo y su gestión para hacerles llegar a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo una carta suscrita por 800 ciudadanos solicitando el indulto del señor Bernal Arias ha vuelto a poner en el tapete de la discusión pública el espinoso tema ético del PAC.
Muchos podrían aducir (con sólidos argumentos morales y legales) que la gestión del diputado Oviedo posee connotaciones morales más graves que varias de los prohibiciones que se encuentran en los códigos éticos de ese partido. Si el diputado Oviedo perteneciera a un partido con códigos éticos menos taxativos y con jueces menos maniqueos, su gestión ante las autoridades del Poder Ejecutivo no habría pasado de ser un hecho más, generado por el poder, que cae en la órbita de la opinión pública, con su pleno derecho de aplaudir o reprobar los actos de sus gobernantes. Todos sabemos que la Constitución y la ley le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de indultar. En el caso del señor Arias, los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la justicia, no la legalidad, del indulto. ¿Cuántos presos podrían disfrutar de esa misma gracia, pero carecen del músculo social, económico y político para que sus casos sean debidamente escuchados?
Uno de los problemas de la moral como rectora de la conducta pública de los hombres es que apela a la conciencia; y la conciencia de cada quien es, como todos sabemos, mala jueza, puesto que nadie es un juez imparcial de su propia causa. La ley, por el contrario, apela a los hechos y a los motivos que impulsaron esos hechos. La ley es, al menos en teoría, de aplicación universal, y en ese ámbito la conciencia sale sobrando. A lo largo de mi vida he escuchado decir a los pillos más redomados que su conciencia les dice, más allá de toda duda, que no han hecho nada incorrecto.
Conclusión: dejemos la moral para la vida privada y para la conciencia de cada quien; en la sociedad, las relaciones entre las personas y las relaciones entre gobernantes y gobernados, deben regirse por el imperio de la ley.