Datos internacionales recientes evidencian la alarmante inseguridad que aflige a la ciudadanía costarricense. Muestran además un contexto que hace prever un ulterior agravamiento de este azote si no se producen cambios sustanciales inmediatos. Solo el año pasado hubo 46.000 homicidios en nuestro vecindario, que incluye a México, Centroamérica, Panamá y el Caribe, según el primer “Estudio sobre Homicidios 2011”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Esa ola de violencia amenaza hacernos naufragar. Hace 10 años pude explicar a audiencias estadounidenses, como embajador, que nuestra tasa de homicidios era similar a la de su país. Hoy no podría decir lo mismo. En la última década, Costa Rica casi duplicó la tasa de homicidios al pasar de 6 por cada 100.000 habitantes en el año 2000, a 11.3 en el 2010. Por su parte, Honduras pasó de 35 a 82 homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2005 y el 2010. También con cifras para el 2010 siguen El Salvador con 66, Jamaica con 52, Belice y Guatemala con 41, Panamá con 21,6, México con 18 y Nicaragua con 13, y es esta última la segunda tasa más baja de este grupo después de Costa Rica.
Tres aspectos resaltan en estos datos. El primero es que estamos muy por encima del promedio mundial de 6,9 homicidios por 100.000 habitantes. El segundo es que como región tenemos las dos tasas más altas del mundo (Honduras y El Salvador), razón por la cual el estudio advierte que vamos rumbo a un “punto de crisis”. Por último, nuestro continente tiene solo la sétima parte (14%) de la población mundial, pero casi un tercio (31%) de los homicidios del planeta registrados en el 2010, superado solo por África con 36%, y seguido por Asia 27%, Europa 5% y Oceanía 1%.
Ante este panorama es imperativo actuar, pero ¿sobre qué premisas se deben tomar las decisiones para que sean efectivas? El crecimiento económico y la equidad social ayudan en esta tarea pero solo en parte, como indica la gran diferencia entre las tasas de homicidios de Honduras y Nicaragua, pese a compartir altos niveles de pobreza. Asimismo, Perú, Bolivia y Paraguay presentan un ingreso per cápita bajo, pero sus tasas, al igual que Nicaragua, tampoco pasan de 15 homicidios por 100.000 habitantes. De modo que esas son variables a considerar, pero no las únicas.
La lucha por las rutas del comercio de drogas ilegales, el crimen organizado con su variado menú de delitos, y la disponibilidad de armas de fuego han sido de particular impacto en los últimos años. Las investigaciones de la ONU señalan que el ingreso de nuevos actores en el tráfico de drogas, las incautaciones reiteradas en ciertas rutas y la represión por parte de las autoridades, conllevan reacomodos de fuerzas entre los criminales que se resuelven con balas y muertes.
Peligrosa combinación
La combinación de crimen organizado y el fácil acceso a las armas definitivamente alimentan la violencia, al punto que tres de cada cuatro homicidios en Latinoamérica se ejecutan con armas de fuego, mientras, en Europa es solo uno de cada cinco. Según el estudio de la ONU los cambios de los últimos años en las tasas de homicidios en la región se explican por el aumento en los crímenes con armas de fuego, y estos a su vez por la acción cíclica del crimen organizado.
Ante esta realidad la reacción natural de las personas es buscar protección. Eso nos aclara por qué el mercado latinoamericano de seguridad privada está entre los de mayor crecimiento en el mundo, según el estudio Small Arms Survey 2011 del reconocido Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en Suiza.
Ese estudio advierte que en Latinoamérica ya hay más agentes de seguridad privada que policías. Las diferencias en algunos países son realmente reveladoras acerca de la urgencia que tiene la sociedad de contar con protección. Preocupa, en esta línea, que nuestro país sea el quinto con más agentes privados por cada 100.000 habitantes (452). Coincidentemente Guatemala (994), Panamá (928), Honduras (870), Jamaica (562), Colombia (441) y México (427), están entre las poblaciones que más usan este recurso.
Lo anterior significa que segmentos amplios de la sociedad que carecen de solvencia económica para pagar servicios privados, quedan desprotegidos, a pesar de contribuir con el pago de impuestos a financiar la seguridad pública. Pero, incluso en el caso de las personas y empresas locales y multinacionales que pueden pagarlos, esta es una solución muy ineficiente. No solo implica, en el fondo, un doble impuesto, sino también traslada hacia ese rubro recursos escasos que podrían tener un uso alternativo, de mayor impacto en la competitividad del país y en la generación de bienestar social.
Por último, siendo uno de los deberes fundamentales del Estado brindar condiciones apropiadas de seguridad a sus habitantes, una tarea básica y preparatoria para otras acciones más complejas en esta materia es la de ofrecer oportunidades de desarrollo económico y social, para reducir la desigualdad y pobreza que inciden en el comportamiento delictivo. Esto permitiría contar con personas menos vulnerables a las recompensas efímeras del crimen organizado.
De la mano de esa labor, deben impulsarse con carácter urgente soluciones eficaces y de alto impacto para los demás factores que convergen en la criminalidad. No obstante, no se percibe en la respuesta de las autoridades el sentido de urgencia que la complejidad y gravedad del problema demanda. Es imperativo que nuestros Gobiernos actúen cuanto antes para cambiar el inaceptable rumbo de la última década en este ámbito para empezar a recuperar la tranquilidad ciudadana.