Por cuarto año consecutivo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las vanguardias internacionales en la defensa de la libertad de expresión, clasificó a Costa Rica como el país latinoamericano que más disfruta de ella.
A esto se une, como reconocimiento adicional, la decisión recién anunciada por la UNESCO de celebrar este año en nuestro país el Día Mundial de la Libertad de Prensa, otorgar su premio “Guillermo Cano” y realizar un congreso sobre seguridad de los periodistas e impunidad.
Ambos hechos casi coincidentes, no responden a la casualidad.
Realidad interna. - En su “Índice” de 2013 (que refleja el año anterior), publicado hace pocas semanas por RSF, subimos un escalón y llegamos al puesto 18 en el mundo. Solo Jamaica, en el número 13, nos supera en el hemisferio.
Esta ubicación se basa en sólidos análisis comparativos, consultas con especialistas y la observación de la realidad: en este caso, la nuestra.
Aunque su informe no incluye muchos detalles, es evidente que, en Costa Rica, Reporteros sin Fronteras percibe un ejercicio vigoroso y abierto de discusión pública; un ambiente de seguridad jurídica y física para las personas, organizaciones y empresas que ejercen la libertad de expresión, y un sistema judicial que, mediante decisiones de sus tribunales y de la Sala Constitucional, ha reducido restricciones y llenado vacíos de nuestra legislación en la materia.
La organización también sabe que nuestro Estado no persigue a nadie por lo que piense, escriba o diga; que, salvo excepciones reducidas, los funcionarios están abiertos al escrutinio, sea por convicción o por presión, y que a la pluralidad de medios tradicionales (prensa, radio y televisión) se ha añadido un dinámico entramado de redes sociales.
En medio de este panorama, el pasado año se produjo un inquietante hecho: la reforma al artículo 288 de nuestro Código Penal, que incrementó las penas para el delito de espionaje, y las agravó si este se ejerce por medios informáticos.
En su esencia, el artículo ha estado vigente desde 1970 y nunca se ha utilizado para restringir la libertad de expresión. Además, fue enmendado en el contexto de un cambio más amplio, destinado a mejorar los instrumentos para luchar contra la delincuencia, especialmente la que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A esto se ha referido, con claridad, el Dr. Carlos Tiffer, abogado especialista en la materia y defensor de varios periodistas, en sendos artículos publicados en La Nación el 22 de diciembre y el 1° de febrero recién pasados.
Sin embargo, así como es un hecho que la reforma no se proponía afectar la libertad de expresión, también lo es que, en malas manos, el artículo 288 podría ser utilizado como herramienta para restringirla o penalizarla. De esto nadie se había dado cuenta durante sus 32 años de vigencia. Dichosamente, tras la discusión que se desarrolló en meses recientes, cobramos conciencia del riesgo y los diputados prometieron neutralizarlo.
Algunos participantes en ese debate acudieron a las hipérboles y la desmesura, al extremo de calificar la reforma de ese único artículo como una “ley mordaza”. Obviamente, RSF abordó el asunto con mejor información y mayor sensatez; igualmente la UNESCO. De aquí que, incluso, mejoró la calificación del país en relación con el año anterior.
Tareas pendientes.- Esto no quiere decir que nuestra realidad sea perfecta. Todavía hay pendientes necesarios ajustes para mejorar la legislación que incide sobre la libertad de expresión. Los dos más necesarios son reformar los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal, actualmente muy restrictivos, y aprobar una ley de acceso a la información pública que sea práctica, liberal y moderna.
Hasta ahora, tales cambios legislativos han sido imposibles. Sin embargo, desde que, en 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado costarricense a anular una injusta y desmesurada condena impuesta en 1999 al periodista Mauricio Herrera y La Nación, nuestros tribunales han sido mucho más cuidadosos en la defensa del interés público al juzgar sobre delitos contra el honor. Por su parte, la Sala Constitucional, al resolver varios recursos de amparo, ha fortalecido el derecho de acceso a la información pública.
Estos avances jurisprudenciales revelan un estado de derecho robusto y abierto, característica indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión y de todos los derechos ciudadanos. Esta realidad no escapa al telescopio de Reporteros sin Fronteras, y sin duda es altamente valorada por la UNESCO.
Compromiso externo.- Ambas entidad también conocen el compromiso de nuestro país con la libre expresión en los ámbitos interamericano y mundial.
El 25 de enero del pasado año, en el Consejo Permanente de la OEA, defendimos intensamente la independencia de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos valió el reconocimiento público de 16 organizaciones hemisféricas defensoras del derecho a la libre expresión.
El 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, nos sumamos a la coalición de libertad de expresión en internet, una iniciativa de Holanda en la que participan, hasta ahora, cerca de 20 países.
Durante la Asamblea General de la OEA celebrada en junio en Cochabamba, Bolivia, fuimos el país más firme en enfrentar las intensas presiones de algunos miembros para debilitar a la Relatoría y la Comisión de Derechos Humanos.
El 30 de noviembre, días antes de que se celebrara en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la conferencia mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Presidenta Laura Chinchilla firmó la Declaración de la Libertad en Internet, una iniciativa de la sociedad civil abierta a todos los ciudadanos.
En esa conferencia, además, estuvimos entre los países que rechazaron aprobar un tratado destinado a incrementar la intervención gubernamental en el manejo de internet, la cual vemos como un riesgo a su naturaleza libre.
Todos estos hechos revelan que la defensa de la libertad de expresión es uno de los componentes de nuestra política exterior, y que su práctica es una realidad cotidiana de nuestra vida nacional.
Sin embargo, no debemos ser conformistas ni autocomplacientes por los justos honores que se nos conceden. Debemos celebrarlos, pero también afincarnos en ellos para seguir avanzando. Tenemos las condiciones y está creciendo la voluntad seguir adelante. Es necesario mantener el buen rumbo.