El derecho a decidir es un eje fundamental en la construcción de la ciudadanía en una democracia, tanto en la esfera de los derechos civiles y políticos, como en el ámbito privado de la construcción de proyecto de vida. Para las mujeres, implica el poder ejercer una maternidad libre y voluntaria, sin ningún tipo de injerencia del Estado ni de las Iglesias en las decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción.
Históricamente, el control sobre nuestros cuerpos como mujeres se ha reflejado en la ausencia de una oportuna educación e información, veraz, científica y laica, en materia de sexualidad y reproducción, en la inexistencia de protocolos para acceder al aborto terapéutico en los casos necesarios, y en la violencia institucionalizada en los servicios de salud, principalmente la prevalencia de la violencia gineco-obstétrica.
En este recuento, una gran deuda pendiente es sin duda la situación de violación de derechos e inequidad que surgió con la prohibición de la fertilización in vitro. Para muchas parejas, pero particularmente para muchas mujeres, esta técnica es la única posibilidad de superar la limitación biológica que les permite concretar su sueño de ser madres. La inequidad surge porque quienes tienen los medios, pueden acudir al extranjero para la realización de la técnica, y las demás simplemente verán negado su derecho a poder acceder a los avances científicos que le permitirían realizar su anhelo de tener un hijo.
No es aceptable una defensa de la prohibición bajo argumentos que cuestionen una técnica que está disponible prácticamente en el mundo entero ni bajo seudo “preocupaciones” por la salud de las mujeres, ya que detrás de estas argumentaciones se esconden posiciones que prefieren omitir la evidencia científica o la manipulan a su conveniencia; pero, sobre todo, que niegan la capacidad que tenemos las mujeres para tomar decisiones informadas.
Lo que estuvo en juego la semana pasada, durante las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica”, se extiende más allá de la justa indemnización a las víctimas por negarles –por más de 11 años– el derecho a gozar del más alto nivel de salud y a beneficiarse de los avances de la ciencia, accediendo a la única técnica que les permitía superar su discapacidad.
Lo discutido y planteado en los dos días de audiencia, así como en el proceso de deliberación y en la resolución final, tendrá repercusiones directas sobre los derechos de las mujeres a una maternidad libremente elegida, esto es: la capacidad de decidir sobre el momento más adecuado para tener hijos y la cantidad que se quiere tener, si es que se desean tener, así como todo lo relacionado con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y al disfrute del progreso científico. Es decir, nos enfrentamos realmente a la posibilidad de una violación reiterada al derecho de las mujeres a decidir libremente el ser madre sin sufrir discriminación ni penalización.
Por eso, creemos necesario exigir al Estado costarricense, desde ya, y sin esperar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconozca y garantice de derecho de las personas con discapacidad reproductiva, en particular de las mujeres en esta condición, a poder contar con una técnica que les permita convertirse en madres si así lo desean.