El artículo de la señora presidenta, Laura Chinchilla, en LaNación del 3 de febrero , es perturbador por la incongruencia que revela en un asunto crucial: una amenaza concreta a la seguridad nacional. Todos los costarricenses tenemos el deber de tomar muy en serio sus palabras.
Nos anuncia que “nuestro territorio, simplemente, sigue siendo invadido”. Que Costa Rica es víctima de “continuas agresiones provenientes del vecino del Norte”, que “(Ortega) ha puesto en práctica una política de expansión territorial agresiva” y que “continuarán acechando a nuestro país”. De mayor cuantía, nos recuerda el temerario anuncio público que ha repetido Ortega de que “la provincia de Guanacaste no le pertenece a Costa Rica”.
Afortunadamente, acepta doña Laura, que Costa Rica “llegó a confirmar que los instrumentos del derecho internacional no eran suficientes... para garantizar la seguridad y la defensa nacional” y que “(los gobernantes nicaraguenses) siguen irrespetando dictados de los tribunales internacionales... Además, se ha documentado de manera reiterada la violación a las medidas cautelares que a favor de nuestro país dictó la Corte Internacional de Justicia de la Haya”. Y, “Por más que recurramos al derecho internacional”, (Nicaragua) “ha puesto en práctica una política de expansión territorial agresiva”.
También le anuncia al país agresiones de Nicaragua que desconocíamos y de las que, por cualquier razón, el Poder Ejecutivo no había querido informarnos debidamente. Este hecho tiene carácter de escándalo porque se le ha ocultado una amenaza estratégica al pueblo costarricense. Esta denuncia de doña Laura nos revela que el régimen de Ortega está penetrando “por cualquier medio, nuestro río Colorado, (y tomando) posesión de otros territorios fronterizos como lo constituye el condominio que Costa Rica tiene sobre la bahía de San Juan del Norte”.
En resumen, nuestra presidenta anuncia y reconoce que el gobierno de Ortega ha violado el territorio nacional, que lo sigue violando y amenaza con quitarnos Guanacaste. Reconoce y demuestra que la ley internacional no nos protege pero anuncia que “nuestro modelo de sociedad es incompatible con aparatos castrenses y gestas militares”. ¿Cómo, entonces, enfrentará el Poder Ejecutivo su sagrada obligación de defender la soberanía y la integridad territorial del país?
Ya la irrelevancia de las instituciones internacionales ha quedado en evidencia en el caso de Costa Rica y Calero. Ya no puede el Gobierno sustentar su doloso comportamiento de que “depositamos nuestra confianza en la diplomacia y en los instrumentos del derecho internacional”. Doña Laura misma lo reconoce. Dice: “Para garantizar la seguridad y defensa nacional (debemos acompañarnos) de acciones que nosotros mismos debíamos promover en nuestro interior”. La conclusión es correcta, pero ¿a cuáles acciones se refiere?
Nos dice: “Sabedora de la falta de contundencia del derecho internacional, decidí (impulsar) la realización de obras civiles como la construcción de la Ruta 1856”. La amenaza al país que ella relata no se defiende con “acciones” como la de construir una trocha.
Cuando asumió la presidencia, doña Laura juró cumplir con la Constitución. Los artículos 140 (inciso 16) pero sobre todo el artículo 12 (párrafo segundo) le señalan el camino. Tiene la obligación de crear una fuerza militar no permanente mientras se resuelva la crisis con Nicaragua. No para agredir sino para disuadir la agresión que la señora presidenta denuncia. Para proteger la soberanía, la integridad territorial de Costa Rica y para que doña Laura pueda cumplir con su deber constitucional.