La viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara, alega que, por razones de costo y utilidad, decidió confiar a profesionales del Minaet la evaluación del daño ambiental provocado por la trocha fronteriza.
Isla Calero está relacionada políticamente con la construcción de la trocha, pero geográficamente se aleja muchos kilómetros de ella. El planteamiento del viceministro Bourrouet (en la Comisión de Emergencias) era contratar a expertos para evaluar el daño ambiental efectuado por la construcción de la vía. Usted dijo que, por la urgencia y por el costo, lo decida la comisión de alto nivel, ¿Quién lo decidió y qué decidió?
Como nuestro trabajo era de cara a lo que estaba sucediendo en La Haya y teníamos la guía de la Cancillería, yo planteé la inquietud porque se nos había indicado que la contratación de un equipo de costarricenses era, primero, sumamente costosa y, por otro lado, cualquier informe que pudiera emitir un equipo de profesionales nacionales no tenía peso en el juicio porque éramos juez y parte.
”Cuando dije que lo resolviéramos ahí (en la comisión de alto nivel) fue pensando fundamentalmente en la guía de la Cancillería.
”Para tener una respuesta inmediata y de menor costo para el país, se decidió tener un grupo de expertos del mismo Ministerio (de Ambiente). Ellos generaron informes y fue lo que permitió tener una valoración rápida para presentar un plan de gestión ambiental de cara a lo que decía Nicaragua”.
Pero estos profesionales también eran costarricenses, tenían el mismo problema de credibilidad.
Pero esto lo hicimos no para La Haya, sino para que Costa Rica pudiera mostrar que estábamos haciendo acciones de mitigación y compensación en la zona.
En la actas de la CNE, en ningún momento se menciona a La Haya, se habla de evaluar el daño por la construcción del camino...
Cuando se habla de eso en noviembre del 2011, el camino ya estaba en su fase de ejecución. Ahí no había prevención. Lo que se podía hacer era tomar medidas de mitigación y compensación porque ya el daño estaba hecho.
”Ni siquiera se planteaba la necesidad de un estudio de impacto ambiental, se quería hacer una valoración de los posibles impactos”.
¿La decisión de no contratar consultores ambientales fue por razones económicas?
Sí había una razón económica, porque la contratación de un equipo como ese era muy costosa. Además, ya el camino estaba construyéndose. Los daños o los impactos ya se estaban generando.
”Como era una valoración de daños, si se hacía la inversión era un costo muy grande y, de cara a lo que se estaba discutiendo sobre La Haya, pensé que era mejor tener la guía de la Cancillería, pues, si se hacía la inversión, que sirviera para resolver la mitigación ambiental y también para aportar al proceso en La Haya”.
¿Quien decidió en la comisión de alto nivel?
Fue una decisión mancomunada, guiados por los abogados de la Cancillería, que nos indicaban qué era lo que realmente nos favorecía de cara a las denuncias que nos hacía Nicaragua
Toda construcción tiene impacto ambiental, había 900 máquinas en la zona a lo largo de 160 kilómetros. ¿Quien evaluó ese impacto ambiental?
Nosotros establecimos un equipo de expertos con funcionarios del Ministerio, profesionales de las áreas de conservación que recorrieron todo el trayecto de la construcción de la carretera y elaboraron un plan de gestión ambiental que contiene propuestas de mitigación.