El asumir el costo político de recortar gasto público, hoy, es el mejor legado que esta administración le puede dejar a las futuras generaciones. No es justo que el Gobierno obligue a los costarricenses, de hoy y de mañana, a pagar la factura de las decisiones políticas que contribuyeron a disparar, innecesariamente, el gasto público.
Todos conocemos que el gasto público se disparó en rubros como empleo, salarios, beneficios, pensiones y transferencias, a partir de los últimos dos años de la Administración Arias Sánchez. Ese enorme incremento en gasto corriente, que ha continuado durante los primeros dos años de la Administración Chinchilla Miranda, no se tradujo en mejoras tangibles en los servicios para los ciudadanos. Al mismo tiempo, el gasto de inversión, que puede mejorar las capacidades del país para competir en el futuro, se mantuvo en el mínimo.
Hasta la fecha, los encargados del manejo económico han evadido su responsabilidad de presentar propuestas concretas para recortar –de manera significativa e inmediata — el gasto público, particularmente el gasto corriente. Por el contrario, como parte de su paquete de propuestas alternativas (Plan B), propusieron permitir que el gasto corriente crezca un 4% adicional, en términos reales, entre 2012 y 2013. Esto a pesar de que la Ley de Presupuestos vigente prohíbe financiar gasto corriente con deuda.
Como el Gobierno argumenta –aunque no es cierto– que es imposible recortar el gasto público, la única pregunta relevante, desde su perspectiva, es: ¿Quién va a pagar la factura de ese gasto que crece sin límite?
La respuesta de las autoridades, ante el fracaso del intento por aprobar nuevos impuestos, fue que lo paguen los consumidores y los sectores productivos, vía una mayor tasa de interés.
Las colocaciones de deuda interna del Gobierno para financiar su déficit han presionado al alza las tasas de interés en colones y, como resultado, han puesto en aprietos a quienes se endeudaron para comprar un carro, adquirir o construir una casa, para consumo y a las empresas que se endeudaron para financiar capital de trabajo o inversión.
Como no hay plata que alcance cuando se gasta a ese ritmo, la propuesta del Ejecutivo, ahora, es que la factura la paguen, también, las empresas exportadoras de bienes y servicios, incluyendo mipymes agrícolas, turísticas y empresas de zona franca.
El costo lo asumirán también los trabajadores, en los casos en los que las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas al perder su viabilidad.
Esta grave amenaza para empresas y trabajadores guarda relación con la eventual aprobación para la emisión de $4.000 millones de deuda externa (eurobonos), ya que, como resultado de la entrada masiva de dólares al país, caería, aún más, el tipo de cambio.
El Gobierno debe intervenir, ahora, para recortar todo gasto público innecesario, con la misma diligencia con la que actuó para hacerlo crecer durante los últimos 4 años, en lugar de pasar una factura inaceptable a los ciudadanos.