Algunos de los profesionales que brindaron asesorías por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ocupan ahora puestos clave dentro del gobierno de Laura Chinchilla.
Las servicios se contrataron mediante 84 asesorías durante la administración de Óscar Arias con $2 millones que donó el BCIE entre el 2007 y el 2008.
Una de las exconsultoras es la actual ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk Feinzilber, quien, desde el 2007 y al menos por un año, recibió el pago de contrataciones por $24.000.
Piszk trabajó en la elaboración de la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y en la difusión pública del acuerdo comercial con el Ministerio de Comercio Exterior y con el de la Presidencia.
La jerarca fue recomendada por el entonces viceministro de la República, Kevin Casas. Piszk adujo que su labor como consultora no está relacionada con el cargo de ministra. “Luego de terminar mi contrato con el BCIE, me quedé sin trabajo por un tiempo y con este gobierno regresé”, expresó Piszk.
A su vez, el exasesor Rowland Espinoza Howell resultó también otro de los elegidos por Chinchilla para ocupar un puesto político.
Espinoza es ahora viceministro de Ciencia y Tecnología. En el 2006 trabajó como asistente del ministro de Coordinación Institucional, Marco Vargas, quien lo sugirió para desempeñar el cargo como consultor del BCIE.
En ese puesto desarrolló labores de comunicación estratégica, como redacción de discursos y preparación de reportes legislativos.
“Todo el trabajo profesional que uno hace va teniendo el mérito para que lo lleguen a evaluar como integrante de un gabinete”, manifestó Espinoza, quien decidió no renovar su contrato del BCIE en el 2008 por razones de tiempo y por la exposición pública que implicaba.
Por otra parte, el periodista Eduardo Alvarado Bonilla fue también asesor de comunicación de Kevin Casas en el 2007 y el 2008. Ahora, Alvarado labora para Marco Vargas, quien ocupa el puesto de ministro de la Presidencia.
“Cuando se terminó mi contrato, no me renovaron más. Ya luego me dediqué a realizar trabajos free lance”, manifestó Alvarado.
Además, la embajadora de Costa Rica ante El Salvador, Adriana Prado Castro, resultó elegida para realizar consultorías por el gobierno de Arias mediante el BCIE.
Otro que se suma a la lista es el presidente del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Rolando González Ulloa, quien fue contratado por la Presidencia en el 2007 para efectuar un análisis sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Pese a que La Nación intentó hablar con los exconsultores, no todos respondieron las llamadas telefónicas ni los mensajes electrónicos.
Actualmente, el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, afronta objeciones por el manejo de los fondos. El caso es objeto de una investigación en el Ministerio Público para definir si hubo delitos contra la Hacienda Pública de parte de Arias.