Dos comunidades están en pie de guerra contra la instalación de nuevos proyectos de vivienda de interés social que se pretenden levantar dentro de sus linderos.
La lucha la libran, desde hace semanas, vecinos de El Guarco, en Cartago, y San Isidro, en Heredia, preocupados porque la llegada masiva de nuevos pobladores sature los servicios básicos y aumente la inseguridad en los cantones.
Así lo manifestaron habitantes de El Guarco, donde está muy próximo el inicio de la construcción del Conjunto Residencial La Campiña, valorado en $18 millones y con una extensión de 22 hectáreas.
“Aquí van a sufrir porque no hay servicios completos ni para nosotros”, declaró María de los Ángeles Fuentes, residente de barrio El Guayabal, que colinda con el nuevo residencial.
Días atrás, estos vecinos realizaron protestas en la comunidad en contra de ese proyecto, y la Fuerza Pública debió intervenir.
A pesar de la oposición, la empresa desarrolladora Proyectos y Viviendas de Costa Rica no descarta que esta semana comiencen las obras, manifestó su portavoz, Minor Rodríguez.
Esas manifestaciones, aseveró, no están exentas de intereses políticos, dada la cercanía de las elecciones del 5 de diciembre. “Viene un cambio de alcaldes; entonces, se empieza a hablar mal del proyecto y a desinformar a la gente”.
Los permisos para este desarrollo habitacional se tramitaron en el 2008 y fueron aprobados en enero por la Municipalidad de Cartago.
“La Municipalidad está tranquila porque la empresa cumplió con todos los requisitos necesarios”, sostuvo Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago.
Aunque en San Isidro, Heredia, el nuevo proyecto de vivienda está aún lejos de concretarse, la situación no es menos tensa.
Allí, la Asociación Pro Vivienda y Desarrollo Urbano Terranova impulsa la ejecución del plan denominado Condominios Nazareth.
Este comprende la construcción de 250 casas de bien social, cada una, en promedio, de 52 metros cuadrados.
Jorge Alfides, presidente de la Asociación, aseguró que solo faltan los permisos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para principiar las obras, cuyo costo no precisó.
No obstante, Ana Flor Villalobos, alcaldesa de San Isidro, afirmó que la solicitud de permisos aún no ha llegado al gobierno local.
“Los vecinos están muy molestos con la Municipalidad porque ellos creen que estamos apadrinando el proyecto. Lo cierto es que no hay fondos”, añadió Villalobos.
En su criterio, ese plan de vivienda no es viable porque el cantón no tiene capacidad para atender a esa cantidad de habitantes.
“Tenemos la clínica totalmente colapsada, ni siquiera podemos atender a la propia gente del cantón”, comentó. “El agua sigue condicionada y las escuelas que hay alrededor son muy pequeñas”.
Procedencia. Aparte de la posible saturación de los servicios, tanto en El Guarco como en San Isidro hay un gran desvelo porque los nuevos vecinos traigan consigo mayor inseguridad.
Las familias que llegarán a El Guarco provienen de zonas marginales de Cartago, entre ellas Los Diques, La Lima y El Carmen.
El proyecto La Campiña incluye 100 casas que serán adquiridas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para familias que actualmente ocupan zonas de riesgo.
La Campiña incluye cuatro fases de construcción hasta sumar 1.200 viviendas en cinco años.
“Con la CNE hay una orden de compra, un contrato firmado y una orden de inicio”, expresó Minor Rodríguez.
La CNE, por su lado, indicó que existe un contrato por ¢1.449 millones para adquirir las primeras 100 viviendas.
Asimismo, representantes del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) informaron de que la entidad está por adquirir 303 casas.
“Se repartirán 280 viviendas entre familias de Los Diques y 23 se destinarán a unos precaristas de Ochomogo”, dijo Juan de Dios Rojas, gerente interino del Banhvi.
El Banco cuenta con ¢4.292 millones para la compra de terrenos, movimientos de tierra y levantamiento de infraestructura.
A San Isidro, entre tanto, se pretende llevar 850 personas de cantones heredianos como Santo Domingo, San Pablo y San Joaquín.
Jorge Alfides, presidente de la Asociación, negó que haya gente de Guararí (zona urbano-marginal del cantón Central de Heredia), como temen vecinos de San Isidro.
“No somos de Guararí, aunque no tenemos nada contra ellos, porque sabemos que ahí viven personas muy honradas”, dijo Alfides.