Diputados de oposición están dispuestos a llamar al exministro de Hacienda, Fernando Herrero, para que rinda cuentas sobre la subvaloración de dos propiedades y aparentes omisiones en el pago de renta de una empresa consultora fundada por él y su esposa.
Wálter Céspedes, diputado del Partido Unidad Social Cristiana y miembro de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, dijo estar dispuesto a redactar la moción para convocar a Herrero.
“Me parece que es importante convocar a don Fernando para aclarar muchas cosas. Si bien es cierto él toma la decisión de renunciar, pero es por la presión que sintió por La Nación, diputados, redes sociales. Él tiene que esclarecer un montón de cosas”, dijo.
La propuesta del diputado es respaldada por su compañero en la Comisión, Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, y por Manrique Oviedo. jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana.
“Explicaciones tienen que darse y esto no termina con la renuncia (de Herrero). El exministro sigue siendo objeto de investigación”, agregó Granados.
Se intentó obtener la opinión de la diputada libertaria Marielos Alfaro, quien preside esta comisión, pero ayer no respondió las llamadas telefónicas ni el mensaje en su teléfono celular.
Tampoco respondieron Danilo Cubero, jefe de fracción del Movimiento Libertario, ni el subjefe Manuel Hernández, o el próximo líder de la agrupación, Carlos Góngora. El Congreso se encuentra de vacaciones esta semana.
ANEP contraataca. Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aseguró ayer que la renuncia de Herrero y de su esposa, la asesora de la Casa Presidencial, Flor Isabel Rodríguez, causó una “conmoción ética” en el sistema político del país.
“Esta nueva situación de una práctica evasión del impuesto sobre la renta de quien se había convertido en la principal figura política gubernamental de nuevos tributos (...) pulveriza la credibilidad del Gobierno para seguir abogando a fin de que en el Parlamento le aprueben su plan fiscal”, declaró Albino Vargas, secretario general de la ANEP, en un comunicado de prensa.
Según el líder sindical, la presidenta Laura Chinchilla tiene una “deuda moral” con el país que solo podría saldar “renunciando a la aprobación del plan fiscal, sacándolo de la corriente legislativa y en vez de ello, instalar una gran comisión nacional político-multisectorial para entrarles de lleno a las cuestiones de la evasión (...), de los sistemas de exenciones y de exoneraciones abusivos”.