El Directorio de la Asamblea Legislativa, con base en la investigación que se ordenó a finales de abril, está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias y castigar la divulgación de información sobre el uso de combustible que da el Congreso a cada diputado
Esa investigación, en manos del Departamento Legal del Poder Legislativo, fue ratificada por el actual Directorio, y no se descarta que haya sanciones al final.
“Nadie debería tener acceso a esa información”, dijo el actual presidente legislativo, el liberacionista Luis Fernando Mendoza.
Mendoza niega que se trate de una “cacería de brujas” dentro de la administración del Congreso, y arguye que se investiga cómo personas que no son usuarias del beneficio pueden tener esa información, pero los diputados no.
“Hubo una solicitud del Directorio anterior. Lo que hicimos nosotros fue reafirmar ese órgano investigador”, añadió el diputado.
La gestión surgió tras la información publicada, el 10 de abril, por La Nación , que revela diversos usos de la tarjeta de cada diputado para la compra de combustible.
Muchos de los legisladores regalan la gasolina a sus allegados, hacen cambios de aceite, compran llantas o emplean el dinero en obtener accesorios para sus vehículos.
La Ley de Remuneración de los Diputados estipula esa ayuda en combustible, aparte del salario, y el criterio administrativo de la Asamblea es que solo se puede comprar combustible con la tarjeta que cada diputado recibe.
El presidente Mendoza insiste, sin embargo, en que cada diputado puede utilizar esa ayuda técnica como quiera, y asegura que es parte de los ingresos de cada legislador.
Sin embargo, los 500 litros a que cada diputado tiene derecho no son tomados en cuenta para calcular ni el aumento semestral del 5% en la remuneración de los legisladores, ni las cargas sociales que se les debe rebajar cada mes.
Luis Fernando Mendoza acuerpa que se investigue si hay un manejo equivocado de la información sobre los gastos de los legisladores, pero no que se determine por la misma vía si se está haciendo un uso incorrecto de esa ayuda.
“Estaríamos en un lindero, se estaría proponiendo investigar sobre los ingresos de los diputados”, insistió el liberacionista.
Secreto bancario. El expresidente de la Asamblea Legislativa Víctor Emilio Granados indicó que un criterio del Departamento Legal considera que pudo haber violación del secreto bancario en la difusión de información sobre el gasto de los diputados en combustible.
Granados fue quien ordenó la integración del órgano investigador, y afirmó que la intención no sería tanto la de castigar como la de encontrar “la verdad real de los hechos” en torno al informe.
“Queremos delimitar si estamos frente a información bancaria de los diputados o sobre fondos públicos”, afirmó Granados.
El expresidente legislativo también confirmó que un criterio del Departamento Legal explica que la ayuda técnica del combustible no es parte del salario.
Según manifestó ayer Granados, se debería elevar una consulta a la Procuraduría General de la Repúblicla sobre el uso de ese combustible y el manejo de la información, y adujo que, durante sus últimos días como presidente, no le dio tiempo de enviarla.
“Esto es lo que procede primero: hacer una investigación preliminar. No pensamos que sea para sancionar, pero sí es una posibilidad”, concluyó Granados.