Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público presentaron ayer tres informes de la investigación sobre las irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza.
El primer documento, de la presidenta de esa plana, Patricia Pérez, y del diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), establece responsabilidades de los jerarcas políticos en el proyecto y pide varias destituciones.
Según los legisladores de oposición, la presidenta, Laura Chinchilla, debe aplicar una sanción moral contra el segundo vicepresidente, Luis Liberman, y destituir a René Castro, excanciller, hoy ministro de Ambiente y Energía.
Según Pérez, Liberman es la figura política de más alto rango que tuvo participación directa en la toma de decisiones en la trocha.
Castro, consideran los congresistas, demostró “debilidad e ingenuidad” al permitir el dragado del río San Juan, que dio pie a la invasión de Nicaragua en el territorio costarricense de isla Calero.
Mauricio Boraschi, viceministro de Presidencia y comisionado antidrogas, y la presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, también deben ser destituidos, a criterio de los legisladores.
Pérez y Oviedo incluyeron un llamado de atención contra Wálter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana, por un correo en que pidió el nombramiento de dos sobrinas en el Ministerio de Educación Pública, y que les generó desconfianza.
“Parecen monos”, les respondió el socialcristiano, quien también le criticó a los legisladores las negociaciones que en algún momento han tenido con el Gobierno.
Conavi responsable. Al informe de la oposición reaccionó el de las diputadas de Liberación Nacional, Carolina Delgado, Alicia Fournier y María Ocampo. Ellas identificaron un único responsable: el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Fournier, además, criticó que la presidenta de la comisión, Patricia Pérez, haya señalado responsables políticos, y la acusó de perder imparcialidad y de demagogia.
“No hay que tener mala fe”, afirmó la diputada, cuya sentencia fue la inhabilitación para que altos jerarcas del Conavi ejerzan cargos públicos por lapsos que van entre los cinco y los diez años.
El enfoque del informe liberacionista fue contra la dirección del debate en la investigación sobre la trocha, y el envío del informe al Ministerio Público y la Contraloría General.
El informe del diputado Wálter Céspedes incluye en las sanciones morales, además de Liberman, al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; al exjerarca de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, al exministro de Seguridad, José María Tijerino, y a los asesores presidenciales Adrián Chinchilla, Carlos Espinach y Federico Baltodano.
Pero el socialcristiano considera que también debe iniciarse el cierre del Conavi, culpable del uso de portillos legales para incurrir en ilegalidades en la subcontratación de empresas constructoras.
René Castro dijo ayer que los diputados incurren en un error histórico al señalarlo a él como responsable del origen del conflicto.
Mauricio Boraschi, por su parte, tildó de sesgado el informe de Pérez y de Oviedo, y anunció que evalúa tomar acciones legales contra quienes piden su destitución.
Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, negó toda responsabilidad de la entidad en la fiscalización de los recursos que ejecutó el Conavi, y dijo que ante la Comisión de Gasto Público presentaron prueba documental que varios informes no mencionan.
La jerarca insistió en la responsabilidad del Conavi en manejo del dinero, el personal, los contratos y la selección de empresas.