Los diputados aprobaron ayer en primer debate una reforma para agilizar el trámite de concesión para instalar marinas y atracaderos turísticos en costas, lagos y ríos.
El proyecto contó con el apoyo de 35 de los 53 diputados presentes a las 5:24 p. m. de ayer.
Los diputados del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), del Movimiento Libertario y uno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dieron su voto para avalar el proyecto que se tramita con el expediente 14.836.
La iniciativa reduce de dos meses a 45 días hábiles el plazo para que la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos (Cimat) otorgue los permisos.
El plazo de las municipalidades para pronunciarse sobre los proyectos también disminuye, pues pasará de un mes a 22 días hábiles, durante los que el municipio deberá convocar a audiencia pública para que el proceso incluya a la ciudadanía en la toma de decisión.
Además, se establece que tanto en las áreas de dominio público como en la zona marítimo-terrestre se podrán otorgar concesiones para la construcción y explotación de marinas y atracaderos.
Otra de las reformas a la ley vigente cambia el procedimiento para otorgar la viabilidad ambiental, por lo que los operadores deberán poner a disposición de las instituciones del Estado un área para uso gubernamental, con la intención de que los controles estén cerca de los atracaderos.
Por otra parte, los atracaderos y los muelles deberán disponer de condiciones acordes con la Ley de Igualdad de Oportunidades.
En cuanto a la protección ambiental, el plan la mantiene para los manglares, parques nacionales y reservas biológicas, por lo que no se puede construir atracaderos en esas zonas.
Este último punto lo cuestiona el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jorge Gamboa, quien aduce que se excluye a los humedales entre las áreas que cuentan con protección.
“Esta es una ley que presenta portillos, y esto siempre es peligroso, más en una reforma de este tipo”, expuso Gamboa.
Al respecto, el legislador indicó que enviarán el proyecto a una nueva consulta ante la Sala Constitucional para que los magistrados determinen si los controles y extremos de la reforma legal rozan la Carta Magna.
Ante esta posibilidad, la jefa de fracción del PLN, Viviana Martín, indicó que ven con buenos ojos que los proyectos de ley pasen por el tamiz de los jueces constitucionales.
“Me parece muy sano que se hagan las consultas de ley, y a partir de ahora, cuanta duda haya, me parece que se debe hacer la consulta que corresponda”, dijo Martín.
Para entrar en vigencia, la reforma necesita el aval del Congreso en un segundo debate y la firma de la presidenta de la República, Laura Chinchilla.