El dispar desarrollo geográfico de las nuevas tecnologías apenas sorprende. Es la historia conocida del desequilibrio entre el Valle Central y el resto del país, sobre todo las costas, siempre rezagadas y deprimidas, salvo los bolsones de prosperidad creados por actividades específicas, como el turismo.
En Santo Domingo de Heredia, dice la comparación publicada en nuestro reportaje del 14 de abril, el 80% de la población tiene acceso a una computadora, pero en La Cruz de Guanacaste solo el 28% goza de la misma ventaja. El acceso a Internet y a la telefonía móvil refleja similares disparidades.
Hay bien conocidas razones históricas y económicas para explicar las diferencias, pero en el mundo de hoy se justifica más que nunca una intervención vigorosa, dirigida a alterar los patrones tradicionales y cerrar la brecha. Por un lado, se trata de tecnologías capaces de acelerar la plena incorporación de las zonas rezagadas a los avances conseguidos en muchas otras áreas, incluidas la educación y la salud. Por otro, el desconocimiento de la tecnología digital condena a sus víctimas a desempeñar un papel limitado en el desarrollo futuro y pone fronteras al pleno ejercicio de la ciudadanía, porque Internet y otros avances de la era digital abren oportunidades de participación hasta hace pocas décadas inimaginables.
No en balde la Unesco exhortó a los Gobiernos del mundo a reconocer el acceso a Internet como un derecho humano fundamental. En la otra cara de la moneda, tampoco es de extrañar el control impuesto por las dictaduras al acceso a la Internet. Las lecciones de la Primavera Árabe y hasta de algún disturbio en las zonas industriales de China fueron bien aprendidas.
En Costa Rica, donde por fortuna no hay temor a la democracia, hay consenso sobre el valor de las nuevas tecnologías para, en palabras de la Sala IV, “facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros”.
“En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías”, añadieron los magistrados con fina comprensión del tema.
Ese es el objetivo y aquellas son las razones para procurarlo con absoluto compromiso y sentido de urgencia. Por eso es incomprensible que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), creado para cerrar la brecha digital en sus dimensiones geográfica y social, todavía no haya girado un céntimo de las vastas reservas creadas mediante la adjudicación y operación de bandas de comunicación celular.
El fondo se nutre del 1,5% de los ingresos brutos de todos los operadores de servicios de telecomunicaciones y de los pagos hechos a cambio de las concesiones. Las empresas Claro y Telefónica cancelaron $170 millones para adjudicarse las bandas y la venta de servicios ya produjo para el fondo decenas de millones adicionales, pero la equidad social sigue en espera. Obstáculos burocráticos y legales impiden al fondo cumplir su cometido en un ámbito donde la capacidad de respuesta es determinante.
Los recursos de Fonatel están destinados a dotar de Internet de banda ancha a las escuelas y colegios públicos, extender la telefonía a zonas descubiertas por las redes existentes y otros fines de similar importancia. Con los recursos de Fonatel en mente, el Gobierno propuso conectar el 85% de los centros educativos a la Internet para el año 2014. Es una meta ambiciosa. Aun así, se cumpliría demasiado tarde para un importante número de alumnos hoy matriculados en segundo o tercer año de secundaria. Reparar su rezago digital en el futuro no será fácil. Así de urgente es la acción en este campo y así de inexcusable continuar el camino a paso lento.